EL DÍA, S/C de Tenerife
La Junta de Jueces de Santa Cruz de Tenerife hizo público también ayer un comunicado en relación a este caso, en el que se expresa "la plena solidaridad y apoyo a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 7".
Además consideran "justificada" la solicitud de amparo que, en su caso, pueda dirigir la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 7 al Consejo General del Poder Judicial, atendiendo no sólo a las noticias y opiniones difundidas, sino también a hechos tan graves como la remisión de comunicaciones de contenido amenazante vía fax o por sms, o la convocatoria de concentraciones no autorizadas en las inmediaciones de los Juzgados.
El acuerdo unánime de la Junta de Jueces resalta ante la opinión pública "la necesidad de respetar la independencia judicial, las reglas del Estado de Derecho y también, en este caso concreto, los derechos fundamentales de los menores de edad".
Los jueces consideran que "la libertad de expresión constituye uno de los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho y debe ser especialmente protegida", pero estiman que en el caso de la custodia de estas dos menores de edad, "se asiste a un juicio mediático paralelo, en el que se vierten opiniones de forma arbitraria, tendenciosa y parcial, reproduciendo argumentos e informes descontextualizados, desconociendo los derechos e intereses de las menores de edad, dignos de la mayor reserva y protección".
"La información sobre procesos judiciales, incluso la crítica de las resoluciones judiciales, ayudan al buen funcionamiento de la administración de justicia. Los juicios paralelos, por el contrario, se convierten en indeseables instrumentos de presión al servicio de intereses particulares", advierten en su comunicado.
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