EFE, Madrid
Foro de la Familia, Concapa y Profesionales por la Ética anunciaron ayer recursos en los tribunales y movilizaciones en caso de "sanciones o represalias" de las administraciones por objetar contra la nueva asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
"Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad democrática: en un Estado de Derecho es inadmisible pensar, ni siquiera, en la hipótesis de que por ejercer un derecho constitucional alguien pueda tener una represalia", dijo el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, en la conferencia de prensa que ofreció ayer.
Si se diera el caso de "intentar sancionar de la forma que sea", precisó, "iríamos en defensa de esa familia a los tribunales ordinarios, al Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o adonde haga falta, porque estaría en juego la elemental salud democrática".
Petición de libertad
El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres (Concapa), Luis Carbonel, señaló que sería cuestión de convocar a los españoles a manifestarse pues el Gobierno estaría "manipulando" la educación y "metiéndose en cada casa".
"No habría otra respuesta que una movilización masiva pidiendo libertad", advirtió el dirigente de Concapa.
La representante de Profesionales por la Ética Leonor Tamayo entendió que, "presentando la objeción, ya deja (la asignatura) de tener esa obligatoriedad de asistir a clase".
Si las administraciones suspendiesen entonces a los alumnos, serían ellas las que estarían "atacando a la Constitución, no los padres", ya que éstos ejercerían derechos constitucionales, argumentó, como el de educar a los hijos según sus convicciones morales y creencias.
El catedrático de Derecho de la Universidad de Jaén Daniel Tirapu instó al Gobierno a "pactar" porque existe un "amplio rechazo social".
El Estado tendrá un "problema", dedujo Tirapu, si objetan quinientos mil o un millón de familias.
Daniel Tirapu dijo que la oposición no es contra la asignatura como tal, sino contra la "ideología de género" que tiñe la Ley Orgánica de Educación (LOE) y los contenidos éticos y cívicos que no aparecen en las recomendaciones del Consejo de Europa.
Explicó que la objeción de conciencia en este caso concreto es un "buen ejercicio de ciudadanía de oponerse al poder", en defensa de los derechos educativos que asisten a los padres y amparada, dijo, por la Constitución, la jurisprudencia y varias normas internacionales.
Estas organizaciones han emprendido la campaña nacional que se desarrollará bajo el lema "Tus hijos, tu decisión", con material impreso para que los padres conozcan la asignatura y decidan "libremente" si objetan sobre la misma, ya que ha sido uno de los aspectos más contradictorios de la nueva legislación educativa, que se empezará a aplicar a partir de septiembre.
Según Profesionales por la Ética, se han presentado hasta ahora 30 objeciones de conciencia en colegios de la Comunidad de Madrid.
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