AGENCIAS, B. Aires/Madrid
Pasados 22 años de la histórica condena de los ex comandantes de la dictadura argentina (1976-83) por graves violaciones a los derechos humanos, la Cámara Federal declaró "inconstitucional" el indulto que en 1990 había beneficiado a Jorge Rafael Videla y a Eduardo Emilio Massera con la libertad. Se trata de los dos únicos jerarcas del régimen que aún viven. El resto de los imputados ya falleció.
La resolución deja sin efecto el polémico perdón otorgado por el presidente Carlos Menem (1989-1990) y permite que recupere vigencia la condena de cadena perpetua que les había impuesto la cámara que los juzgó y condenó en 1985, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89). Los octogenarios, bajo arresto por otras causas, deberían completar ahora la pena interrumpida antes de tiempo.
A petición de organizaciones de Derechos Humanos en nombre de las víctimas del régimen, el tribunal consideró ayer que "los hechos por los que fueron condenados Videla y Massera resultan insusceptibles de perdón", motivo por el cuál se declara inconstitucional el indulto.
Si bien Menem otorgó el controvertido perdón a los ex dictadores y a otros centenares de militares que se sublevaron durante la democracia, después, el mismo Gobierno propició una reforma constitucional que permitió incorporar a la carta magna los tratados internacionales de Derechos Humanos que hoy invoca la justicia para anular esas medidas que amnistiaron delitos de lesa humanidad.
"Existe una obligación estatal imperativa que se deriva del derecho internacional y que consiste en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos", determinaron los magistrados, dándoles la razón a los abogados que presentaron el recurso.
Dictadores vigilados
La medida tendría un impacto contundente si no fuera que los imputados ya están bajo arresto. Videla cumple prisión domiciliaria por diversas causas, entre ellas el secuestro de niños durante la dictadura que había quedado fuera del perdón. Por su parte, Massera, detenido en su piso por ese y otros procesos, fue declarado incapaz por la justicia después de sufrir un derrame cerebral.
Ahora, queda el pronunciamiento más esperado sobre este tema, el de la Corte Suprema de Justicia, que debería sentar jurisprudencia para todos los casos de militares beneficiados por el indulto de la discordia.
El abogado argentino Carlos Slepoy consideró ayer que la decisión significa que "legalmente ya no existe cobertura alguna para la impunidad". Slepoy insistió en que "la importancia que esto tiene es que termina de derribar todas las barreras legales contra la impunidad que existían en Argentina".
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