M.CH., Los Llanos
La decisión adoptada por CC de bonificar el 95% (229.000 euros) del impuesto de construcción a la empresa El Jable Gestión Activa UTE, encargada de la futura ejecución y gestión del complejo acuático cubierto del municipio, generó ayer un debate inesperado durante la última sesión ordinaria celebrada por el Pleno municipal, con la que prácticamente, a falta de alguna convocatoria extraordinaria, se cierra la legislatura.
La propuesta fue aprobada con el voto favorable del grupo de Gobierno, sin la presencia del alcalde, Juan Ramón Hernández (el pleno fue presidido por el primer teniente de alcalde, Luis Viña), y el rechazo de los tres partidos de la oposición en el ayuntamiento: PP, PSC e INPA.
El debate surgió de la intervención de la portavoz del PSC, Rita Isabel Gómez, quien consideró que la solicitud era "abusiva y contraria al principio de igualdad en la competitividad de las empresas". La bonificación, apuntó, "no apareció en el pliego de condiciones en su momento, impidiéndose que otras empresas concurrieran al concurso". Por eso, la portavoz socialista entendió que "los argumentos de la empresa en la solicitud son injustificables, ya que ni la adaptación del proyecto al terreno ni los costes de la doble insularidad, que sufren todas las empresas palmeras, avalan la solicitud de una exención tan elevada".
En ese sentido, desde el Partido Socialista subrayaron "el retraso de más de medio año que sufre la presentación y ejecución de un proyecto que ha sido vendido a bombo y platillo por el grupo de gobierno de Coalición Canaria".
Por su parte, desde el grupo de gobierno Luis Viña argumentó que la bonificación "está más que justificada a raíz de la ejecución de las catas realizadas con el estudio geotécnico del terreno, en las que se demuestra que la obra se va a encarecer porque las estructuras que estaban previstas para albergar el complejo acuático cubierto ya no sirven para el tipo de terreno que se ha encontrado. En ese sentido, las nuevas instalaciones encarecerán la obra, algo que era imposible de prever en el concurso de adjudicación, de manera alguna, porque las pruebas geotécnicas se hacen a posteriori. Con cualquier empresa hubiese pasado, porque debe modificarse lo previsto rediseñando la estructura".
Así, concretó, "desde el ayuntamiento hemos entendido que, al tratarse de una obra de interés público para esta ciudad y ante este problema en el suelo, la bonificación solicitada por la entidad estaba justificada, como se ha hecho en otros casos, como el de la piscina de los niños especiales. De no ser así no se podría hacer este tipo de bonificaciones".
Viña dejó claro que "el concurso fue público, con todas las garantías legales y se presentaron todas las empresas que quisieron, pero una cosa es realizar una previsión y otra que se demuestre con informes técnicos, como se ha hecho, que se debe rectificar".
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