NACHO MARTÍN, S/C de Tfe.
El Ayuntamiento de Arona concedió el 1 de abril de 2005 una licencia de obra mayor para la construcción de dos plantas de viviendas al concejal de Playas y Medio Ambiente del consistorio, Celestino Alayón Marcelino -que comparte esta área con Daniel Martín- en contra de los servicios jurídicos de Urbanismo.
En aquella fecha, el denominado Sevicio de Urbanismo, el organismo que tiene que emitir los informes sobre la legalidad o ilegalidad de la toma de decisiones en esta materia, advirtieron a la Junta de Gobierno Local -compuesta por los partidos CC, CAN y PP- de que el permiso que solicitaba Alayón Marcelino se refería a una parcela que "no se halla debidamente gestionada y, por tanto, no ha surgido el derecho a edificar", según consta en el acuerdo adoptado por el grupo de gobierno y que forma parte de los expedientes que investiga el juez del denominado "caso Arona".
Los terrenos no gestionados son aquellos cuyos propietarios no han cedido el suelo legalmente establecido en concepto de plusvalías, aprovechamientos o equipamientos, una situación que no puede obviarse a la hora de concederse una licencia de este tipo.
En el "caso Arona", esta situación se repite constantemente y son numerosos los expedientes que investiga el juez que dejan constancia de que se concedieron licencias de construcción en suelos sin gestionar, una situación que, según los denunciantes de este caso, eleva los daños al erario público a al menos 42 millones de euros.
En lo que se refiere al edil de Playas, que pertenece al Centro de Arona (CAN), el mismo partido cuyo máximo responsable es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento Manuel Barrios -responsable del Urbanismo municipal-, recibió una licencia de la Junta de Gobierno Local para la legalización una planta de sótano y para la construcción de dos plantas de viviendas -una por piso- en la calle Venus y cuyo presupuesto de ejecución ascendía a 190.255,75 euros a pesar de que el Servicio de Urbanismo, los servicios jurídicos de esta área municipal, recomendaron a los concejales del grupo de gobierno no darle la licencia.
No obstante, y a pesar de esta advertencia, la Junta de Gobierno, "tras un amplio cambio de impresiones y por unanimidad", la fórmula habitual utilizada, aprobó el permiso con el voto unánime de todos sus miembros.
El alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, y otros siete concejales del grupo de gobierno de Arona se encuentra bajo investigación judicial después de que la Fiscalía presentara una denuncia acusándolos de un presunto delito de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio, tipificado con penas de inhabilitación.
Los presuntos delitos a los que se refiere la Fiscalía fueron cometidos por la concesión de licencias entre el 9 de enero de 2004 y el 24 de noviembre de 2006 en suelo no gestionado o que violaban otras normas urbanísticas vigentes y por la adjudicación de obras que presuntamente fueron fraccionadas para evitar tener que sacarlas a concurso.
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