Canarias
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SÁBADO, 14 DE ABRIL DE 2007

CCOO considera "antisocial" el sorteo de viviendas públicas que prepara el Ejecutivo

N.M., S/C de Tenerife

Comisiones Obreras rechazó ayer el proyecto de decreto que prepara el Gobierno de Canarias por el que implantará el sorteo de viviendas públicas, al considerar que es discriminatorio al introducir cupos que no garantizan el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, según explicó la representante institucional de este sindicato en la Comisión de Vivienda y miembro de la Ejecutiva regional de CCOO, Pilar Magariños.

Magariños, quien criticó la falta de información con la que ha actuado el Gobierno en este asunto, puso como ejemplo que un joven de 20 años con su primer empleo podrá participar en varios sorteos al entrar en el cupo reservado a menores de 35 años, al propio cupo general e, incluso, al que se destina a familias reducidas.

"Esto sería una clara discriminación con respecto a otra persona divorciada, con 45 años y con cuatro hijos, por ejemplo, que estaría abocada a tener únicamente la posibilidad de optar a una vivienda por el cupo general", añadió.

A su juicio, el decreto que se envió al Consejo Consultivo de Canarias es un intento por parte del Gobierno de "quitarse la responsabilidad de comprobar quiénes son las personas más necesitadas de una vivienda. Ahora, al menos hay procedimientos administrativos que permiten a la gente recurrir si no está de acuerdo. Se trata de reducir la burocracia", añadió.

Pilar Magariños criticó con especial dureza la falta de concreción en el cupo establecido para casos de urgente necesidad, que cree que "es abrir un campo enorme a la arbitrariedad".

La representante institucional de CCOO en la Comisión de Vivienda del Instituto Canario de la Vivienda se refirió también la norma que regula el acceso de los inmigrantes a la vivienda protegida y, pese a a asegurar que el decreto del Gobierno contiene modificaciones con el borrador que preparó en diciembre y que era "inconstitucional", se mostró contraria a exigir a los extranjero siete años de residencia frente a los dos que actualmente se pide en la normativa.

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