Soria propone otorgar a ayuntamientos y cabildos la autorización de nuevas camas

ACN/EL DÍA, Las Palmas/Tenerife

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, aseguró ayer que las restricciones a los proyectos de calidad por la Ley de Directrices han sido mayores en la Isla que gobierna y por eso insistió en derogar dicha ley. El dirigente popular entonó así, tal y como la denominó en una reunión con empresarios el candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia de Canarias, Paulino Rivero, "la misma canción de siempre", esto es, las denuncias de desequilibrio de las distintas patronales turísticas del Archipiélago.

Según Soria, "a lo largo de los últimos años prácticamente un 80% de lo que ha sido construcción alojativa nueva de calidad en Canarias no se ha localizado en Gran Canaria, sino en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote fundamentalmente; por tanto, las restricciones aquí han sido superiores".

Ésta es la razón por la que el también candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia de Canarias quiere derogar la Ley de Directrices, algo que, de hecho, "lo incluyo en mi programa".

"Una de las primeras medidas será derogar la directriz según la cual los proyectos que mejoran la calidad turística en Canarias tengan que estar visados o tener el visto bueno del Parlamento", señaló al respecto.

El único visto bueno que tienen que tener estos proyectos es, según Soria, el de los planes insulares y los respectivos planeamientos municipales, pero, "sobre todo, tienen que ser proyectos que mejoren y cualifiquen la calidad, para cubrir ese déficit de camas alojativas de calidad que en Gran Canaria hay en relación a otras islas", concluyó.

Las declaraciones de Soria se produjeron un día después de que el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, dijera tras un acto al que asistió el candidato de CC a la presidencia del Gobierno, Paulino Rivero, que en Tenerife se había creado en los últimos años un número muy superior de camas de alta calidad -que cifró en unas 40.000- frente a las que se han autorizado en Gran Canaria.