EFE, Madrid
Los Verdes y alrededor de 50 organizaciones sociales presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que piden que se investiguen y depuren las responsabilidades del Gobierno "por su impresentable y bárbara gestión durante la crisis del buque de inmigrantes Marine I".
Estas organizaciones aseguran que durante la gestión de esa crisis humanitaria que afectó a 369 inmigrantes, el Gobierno vulneró "de manera clara y flagrante varios convenios internacionales". Apuntan que, cuando los inmigrantes desembarcaron en Nuadibú (Mauritania), "España sobornó al Gobierno mauritano y por 650.000 euros consiguió que los inmigrantes se quedasen en ese país", que no ha suscrito el Convenio SAR ni cumple las mínimas garantías en favor de los derechos humanos".
Además, el Gobierno español también incumplió la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que establece que deben ejercer sus funciones en todo el territorio nacional.
Hasta la fecha, "el resultado conocido es que 22 inmigrantes de Birmania, 10 de Sri Lanka, y 3 de Afganistán fueron trasladados a Canarias, unos 35 subsaharianos fueron enviados "contra su voluntad" a Cabo Verde y otros 23, que se han negado a facilitar su identidad, permanecen en Mauritania en una situación "dantesca".
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