EL DÍA, S/C de Tenerife
"Se deben incrementar los servicios de inspección pesquera de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias y de la Guardia Civil en las Islas para reducir las pérdidas que ocasiona en el sector la pesca furtiva". Así se manifestó ayer, en declaraciones a EL DÍA , el presidente de la Asociación de Armadores de la provincia tinerfeña y secretario-gerente de la Organización de Túnidos y Pesca Fresca de Tenerife, Pedro Jiménez Jordán.
Con este tipo de prácticas ilegales, el subsector más perjudicado, según Jiménez, es el de la pesca artesanal, en concreto la pesca de orilla y especies como cabrillas, viejas, camarón o pulpo, "que tienen mucha salida en el sector de la restauración, lo que ocasiona un tremendo daño a los profesionales de la mar".
No obstante, el representante de los armadores de la provincia tinerfeña considera que la puesta en marcha de los puntos de primera venta han mermado en parte estas prácticas ilegales, ya que "es la mejor forma para identificar el pescado por parte de los profesionales y el producto que no tenga distintivo se debe rechazar. Así se garantiza la trazabilidad".
Asimismo, Jiménez se muestra a favor sobre la aplicación de las directivas europeas sobre la materia para extremar los controles.
Hay que destacar que en numerosas ocasiones el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia tinerfeña, Vicente Rivero, se ha quejado públicamente de los importantes perjuicios económicos que está ocasionando a los pescadores la práctica de la pesca furtiva.
Rivero ha reclamado tanto a la Consejería de Agricultura del Ejecutivo autónomo como a la Subdelegación del Gobierno que destinen más recursos, tanto humanos como materiales, para erradicar el intrusismo profesional que existe en el sector, para lo que es necesario que "las tareas de vigilancia se desarrollen ininterrumpidamente las 24 horas del día".
Hay que recordar que el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Pedro Rodríguez Zaragoza, anunció la semana pasada en el Parlamento de Canarias que en dos meses empezarán a operar 18 nuevos inspectores que controlarán el cumplimiento de la Ley de Pesca y del reglamento que la desarrolla y que la defiende de la pesca furtiva. La Ley fue aprobada en 2004 y el reglamento en julio de 2005 y ahora se ha conseguido concluir la definición de la relación de puestos de trabajo y las convocatorias para los inspectores.
En otro contexto, hay que destacar que este mismo mes la Federación Española de Organizaciones Pesqueras (Feope) ha enviado a la Dirección General de Pesca de la Comisión Europea sus propuestas para la lucha contra la pesca ilegal, incontrolada y no regulada (Indnr). En la actualidad, la Comisión Europea trabaja en la elaboración de una nueva estrategia para luchar contra la pesca ilegal.
Feope considera que este tipo de prácticas constituye "un problema de primer orden en todo el mundo, que causa un grave perjuicio a la conservación y ordenación pesquera y al ecosistema marino, inflige daños a quienes pescan ilegalmente e introduce un factor de distorsión de la competencia que amenaza la supervivencia económica de éstos y atenta contra la seguridad marítima, entre otros".
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