Los pasos contados

LOS PRECIOS POLÍTICOS que el Gobierno paga a la ETA, en su intento de prolongar el proceso de negociación con la banda, continúan haciendo su aparición en la escena política española. Y como era de prever, a medida que nos acercamos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, el proceso sigue por sus pasos contados: los precios son más altos, y su entrega, más desvergonzada. Por citar sólo algunos hitos de este proceso, que es políticamente muy higiénico recordar, al principio causaba estupor que los portavoces socialistas afirmasen que constataban la voluntad de abandono de la violencia de la ETA después de cada acción de terrorismo callejero de sus cachorros. Lejos queda asimismo la decisión de no detener a ningún terrorista, cosa que ahora ya casi parece hasta normal, a pesar de constituir una burla a la legislación vigente y al fondo y la forma del Pacto Antiterrorista que firmaron en su día PSOE y PP. Cuando el atentado de la T-4 de Barajas, la reacción de Rodríguez Zapatero fue "suspender" el proceso, para reanudarlo inmediatamente a continuación. Por otro lado, pese a la cercanía en el tiempo, parece también cosa de un pasado remoto la negativa del PSOE y sus socios parlamentarios a secundar la propuesta del PP de instar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Y más recientemente, la excarcelación del asesino múltiple De Juana Chaos ha constituido el penúltimo gran escándalo que ha conmocionado a la opinión pública, generando la última manifestación multitudinaria en Madrid, seguida por otra, nutridísima, en Pamplona, el sábado 17.

El caso Otegi

Esta semana, el episodio de la retirada de los cargos contra el batasuno Arnaldo Otegi, en el juicio seguido contra él en la Audiencia Nacional, ha venido a añadirse a esta historia de la infamia. Los hechos son conocidos: la sentencia condenatoria dictada por el TSJ del País Vasco contra Otegi en 2004 por enaltecimiento del terrorismo fue declarada nula por el Tribunal Supremo al admitir dos recusaciones de magistrados que habían intervenido en la instrucción; el juicio, pues, debía repetirse, pero en la Audiencia Nacional, puesto que el condenado ya no era parlamentario autonómico. El fiscal pidió aplazar la vista hasta después de las elecciones locales, pero el Tribunal se negó a ello. Y tras la esperpéntica peripecia de Otegi intentando no comparecer y teniendo que ser conducido por la Guardia Civil, he aquí que el fiscal, tras el interrogatorio, retiró los cargos, obligando así a la Sala a dictar sentencia absolutoria.

La actitud de la Fiscalía constituye una negación en toda regla al más elemental instinto de justicia, por más que se hayan buscado las vueltas a un aparente cumplimiento formal de las posibilidades que las leyes ofrecen. Probablemente será difícil demostrar ante un tribunal el enorme fraude que eso supone, pero no se puede ocultar de ninguna manera la agresión que se ha perpetrado contra el puro sentido común en la interpretación de nuestra legislación. Hasta tal punto eso es así, que el propio Tribunal, en su sentencia, lo pone de manifiesto, y aunque emplee el lenguaje propio del foro, se le entiende absolutamente todo. Un nuevo escándalo ha quedado servido. La sentencia de absolución forzada dice, en su fundamento jurídico único, que la conducta por la que se juzgaba a Otegi podría constituir un delito, pero que la retirada de la acusación obliga al Tribunal a absolver al reo.

Las reacciones han sido ya, cuando esto se escribe, variadas y fuertes: el Centro Jurídico Tomás Moro ha anunciado una querella contra el fiscal por incumplimiento del deber de perseguir el delito, y se ha entablado una polémica en la propia Judicatura y la Fiscalía sobre este caso escandaloso de uso de la ley para consumar una injusticia por razones estrictamente políticas.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha dicho que con acciones como ésta se liquida el Estado de Derecho. Una expresión tan dura, sin embargo, a estas alturas ya suena casi como una mera cláusula de estilo, como parte de una especie de liturgia que a nadie impresiona. A este estado de insensibilidad colectiva nos ha llevado la política de entreguismo del Gobierno a la banda terrorista. Una política, por cierto, que constituye además, por si faltase algo, una desobediencia expresa al mandato que el Congreso de los Diputados otorgó al Gobierno para entablar conversaciones con la ETA, con la exigencia taxativa de negar todo precio político. Pero, ¿qué entenderán el Gobierno y su presidente por "precio político"?

Nerviosismo

El nerviosismo del Gobierno es patente. Las filtraciones interesadas de la inminencia de un comunicado de la ETA, en el que anunciaría algún gesto "de paz", hasta ahora no son más que la expresión de un deseo vehemente del Gobierno de que ocurra algo parecido. Sin embargo, lo que ha sucedido ha sido una rueda de prensa del batasuno Pernando Barrena, en la que ha reprochado al Gobierno que siga incumpliendo compromisos "firmados" con la banda antes de la declaración de alto el fuego, de la que ahora se cumple un año.

Puede parecer una paradoja esta reacción de los terroristas, pero no hay tal: en su lógica, las muestras de debilidad y de entreguismo del Gobierno no conducen a la banda a aminorar su presión, sino justo al revés: es precisamente entonces cuando hay que aumentar la presión, y, si se hiciera necesario, golpear con un atentado. Los terroristas, no obstante, se cuidan de no sobrepasar cierto límite, porque en el fondo les conviene llegar a las próximas generales con el Gobierno muy débil, pero no del todo derrumbado ante las urnas, porque una victoria del Partido Popular les sería mucho más perjudicial.

El próximo paso, si no hay otras novedades, habrá de ser encontrar la forma de que Batasuna pueda presentarse a las elecciones autonómicas y locales del 27 de mayo. Nadie duda de que esta nueva vileza política se acabará consumando, y tampoco duda nadie de que el Gobierno echará la culpa de todos los males? al Partido Popular.