EL DÍA, Güímar
Los 1.300 propietarios y 4.351 familias afectadas por el proceso de recuperación del espacio comprendido en el deslinde marítimo-terrestre iniciado por la Dirección General de Costas en el litoral de Agache están decididos a convocar "una gran manifestación" después de Semana Santa.
Los colectivos vecinales de la zona han expuesto la preocupación que existe en la zona y su malestar por que desde la Dirección General de Costas no se haya atendido sus demandas, que sustentan en documentación oficial. De hecho, ayer expresaron un gran malestar con el titular de dicho departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, porque no acudió a la cita que tenían ambas partes en la Subdelegación de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.
La Portavocía de los vecinos de Agache indicó que como justificación a tal "plante" les hicieron saber que el director general de Costas debió quedarse en la Península por asuntos propios del ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, puso de manifiesto que la población del litoral de Agache "no estamos dispuestos a esperar a que se produzca esa reunión próximamente y estamos decididos a manifestarnos".
El Tablado, Chimaje, La Puente, Punta Prieta y La Caleta son los núcleos afectados por la recuperación del espacio comprendido en el ámbito del deslinde marítimo-terrestre. La población está preocupada porque podría perder sus viviendas, "a pesar de que el Gobierno de Canarias ha certificado que la zona tiene la calificación de suelo urbano con fecha anterior a 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas en la que la Administración central se ampara para iniciar el proceso actual".
Se da la circunstancia de que la propia Dirección General de Costas emitió un informe favorable al deslinde planteado en el año 1998, lo mismo que en 2003 cuando la elaboración, tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) de Güímar.
El hecho de que los vecinos afectados estén recibiendo resoluciones de Costas en las que les comunican el nuevo deslinde es atribuible a la demora con que el Gobierno de Canarias entregó, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, el documento que certifica la calificación de urbana que tiene la zona desde antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, según han explicado.
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