EL DÍA, Arona
Las dependencias de la Oficina Técnica y la de Contratación del Ayuntamiento de Arona están en vigilancia permanente por parte de la Policía Local con la finalidad de impedir el paso a las mismas tanto a técnicos municipales como al alcalde y concejales. La medida fue arbitrada por el juez una vez que tuvo conocimiento, al parecer a través de la Secretaría de la corporación, de que había miembros de la Junta Local de Gobierno que pretendían acceder a los recintos que albergan la documentación solicitada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Arona.
La medida fue arbitrada por el juez y comunicada a la Policía Local el pasado miércoles, después de que la Policía Judicial se personara durante la mañana de ese día en la Casa Consistorial aronera y comunicara a la Alcaldía que tiene tres días de plazo para entregar al juez los casi 300 expedientes referidos a la concesión de licencias de obras y a contrataciones de obras públicas aprobadas por la Junta Local de Gobierno, a pesar, presuntamente, de tener informes desfavorables del servicio jurídico y de la Secretaría municipal, con advertencia de responsabilidad incluso penal de esta última en cuanto a las licencias y reparos de Intervención en cuanto a las contrataciones.
Según ha podido saber EL DÍA , durante la tarde del mismo miércoles un concejal del grupo de gobierno trató de acceder al ayuntamiento pero le fue impedido por los agentes de la Policía Local cumpliendo las instrucciones del juez. Los efectivos policiales vigilan la Casa Consistorial durante las 24 horas y, según las fuentes consultadas, en horario laboral también están presentes efectivos de la Policía Judicial (de paisano) realizando tareas de control de las dependencias municipales. Mientras tanto, el secretario de la corporación recaba la documentación requerida por el juez.
Querella de la Fiscalía
Este procedimiento judicial co-mienza cuando el portavoz del Grupo Municipal del PSC-PSOE, Francisco García Santamaría, pone en conocimiento de la Fiscalía, en enero de este año y actuando a título personal, de los acuerdos que, presuntamente, son constitutivos de "delito continuado contra la ordenación del territorio y delito continuado de prevaricación", tal y como se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Es la Fiscalía la que interpone una querella al percibir indicios de que se puede haber producido una sistemática concesión de licencias y de adjudicación de contratos de obras de forma ilegal.
Las presuntas ilegalidades en las que pudiera haber incurrido la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Arona se habrían cometido en sesiones celebradas por dicho órgano municipal entre el 30 de enero de 2004 y el 17 de noviembre de 2006, según consta en el documento presentado ante la Fiscalía.
El gobierno municipal de Arona lo forman CC, CAN y PP, y su Junta Local de Gobierno está presidida por el alcalde, José Alberto González Reverón, y la integran, además, los tenientes de alcalde Manuel Barrios, que también tiene a su cargo el área de Urbanismo; Félix Sierra, Sebastián Martín, José Luis González, Alfonso Barroso, Daniel Martín y Juan José Alayón, que son los concejales investigados por el juez desde el momento en que el que se inició el procedimiento penal.
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