Dos juristas del Tribunal Supremo acuden al foro sobre justicia y urbanismo

EL DÍA, La Orotava

El Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna y la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias organizan mañana, en el Liceo Taoro de La Orotava, la jornada "Justicia y Urbanismo", que contará con la asistencia del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher Noguera, y del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Este foro, que se celebrará a partir de las cinco de la tarde, finalizará con una mesa-debate abierta al público.

Martín Pallín denunciaba recientemente que "el urbanismo es un perverso método indirecto de financiación de los partidos porque nadie ha querido agarrar el toro por los cuernos y hacer una ley de financiación equiparable a otras que existen en la Unión Europea". Además, el magistrado lamentaba las escasas penas con las que se condenan este tipo de conductas, "que no pueden ser calificadas como delitos menores", por lo que ha demandado una mayor persecución para "los funcionarios que se dejan sobornar" y "los promotores que se lucran con estas actividades". En concreto, ha propuesto incrementar las penas actuales, de dos a cuatro años, para situarlas entre los ocho y los diez.

Vercher Noguera está convencido de que hay que acabar con las viviendas ilegales a través de una interpretación más restrictiva del Código Penal. Considera que todo pasa por la demolición y que "las autonomías han olvidado que hay un delito tipificado".

La misión de Vercher es coordinar a los fiscales de toda España en la defensa de la naturaleza y en la lucha contra los incendios, los vertidos ilegales, la contaminación acústica y todos los delitos contra la ordenación del territorio, excepto las grandes tramas de prevaricación urbanística, que corresponden a Anticorrupción.

Formado en Cambridge y Harvard, Antonio Vercher tiene a su cargo guardias civiles, policías, agentes ambientales, biólogos y urbanistas en una Fiscalía recién creada por el gobierno para atajar la proliferación de escándalos urbanísticos.