- Sábado, 10 de marzo de 2007
CC y PSC apuntan en el "caso eólico" a una trama entre tres instituciones del PP
E.C., S/C de Tenerife
La comisión de investigación del "caso eólico" inició ayer la elaboración del dictamen que, según se pudo ya constatar ayer, va a ser difícil consensuar, ya que de entrada CC y PSC consideran que una de las conclusiones más importantes del trabajo del último año es que se ha podido comprobar la existencia de una trama en torno al concurso eólico que se convocó en 2004 en la que participaron varias instituciones gobernadas por el PP en ese momento: la Consejería de Industria, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria.
La diputada del PSC Gloria Rivero y la de CC, Belén Allende, consideran que se trata de una de las principales materias que se deben incluir en las conclusiones, mientras que el portavoz del PP, Jorge Rodríguez, dijo ayer que no se puede hablar de trama, sino de "responsabilidades determinadas en determinadas personas".
No quiso decir, sin embargo, a qué personas va a pedir su grupo responsabilidades políticas, como tampoco lo adelantaron socialistas y nacionalistas. Además, Allende indicó que ni tan siquiera considera que se puedan pedir en este momento, cuando el "caso eólico" está en los tribunales y no hay una sentencia firme sobre los culpables. Por eso, propuso esperar a ese momento para que el Parlamento, aunque sea en la próxima legislatura, pida esas responsabilidades.
Gloria Gutiérrez, por su parte, recordó que muchos de los posibles responsables, como el consejero de Industria que convocó el concurso, Luis Soria, o el entonces director de Industria, Celso Perdomo, principal imputado en este caso, ya no tienen cargos públicos, por lo que esa exigencia de responsabilidades puede diluirse.
Gutiérrez indicó que los tres grupos están más o menos de acuerdo en los puntos que se deben incluir en el dictamen, pero hay diferencias también en el orden de importancia de los mismos.
Argumentos del PSC
En el caso socialista, lo que más quieren destacar precisamente es la vinculación entre la Autoridad Portuaria, Cabildo de Gran Canaria y Consejería de Industria entorno al concurso de energía eólica, para dar información privilegiada y un trato de favor a determinadas personas, y en concreto a los hermanos Esquível. En su opinión, en la comisión se ha probado una relación de fechas y hechos que muestran claramente esa trama, que además supuso que la empresa pública Megaturbinas renunciara a participar en el concurso eólico y por orden del "número dos" de José Manuel Soria, Larry Álvarez.
A continuación, el PSC quiere hacer hincapié en las bases del concurso, cuyas irregularidades denunció desde el principio por considerar que favorecían determinados intereses, y en el hecho de que el consejero Luis Soria nunca aceptara investigar las denuncias o parar el concurso.
El envío de correos por parte del ex director, Celso Perdomo, con información privilegiada sobre esas bases, es otra de las partes esenciales del dictamen para el PSC, junto a el "extraño procedimiento" del Cabildo de Gran Canaria para ceder suelo público a los participantes en el concurso eólico, ya que al final la que decidía era la Consejería de Industria en función de a quién se adjudicara potencia eólica.
Gutiérrez considera también que es preciso incluir en las conclusiones al menos un toque de atención al actual equipo de la Consejería de Industria, dirigido por Marisa Tejedor, por las deficiencias de la investigación interna que se hizo por orden del Parlamento una vez que se presentó la denuncia en los juzgados.
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