El Estado no se rinde por la entrega de una "señal"

EL TERRORISTA excarcelado -de cuyo nombre no quiero acordarme- al que antes se le temía como "mártir" y ahora se le recibe y cuida como un "héroe" salió del Hospital 12 de octubre, de Madrid, por su propio pie. De la misma forma llegó y entró en el Sanatorio de Aránzazu, de San Sebastián. Agasajado. Habló con su "pareja". Recibió a Otegi y a Olano. Inmediatamente renunció a la "huelga de hambre" (?), sin arrepentirse, sin condenar el terrorismo. Esta breve secuencia se hará histórica en los manuales de la historia de la política penitenciaria y del terrorismo, en un Estado de Derecho: se consumó el chantaje. Mazazo al pueblo español, singularmente a las víctimas del terrorismo. Pero hay algo más grave quizá: la marginación de las instituciones, el cumplimiento de promesas en el Congreso para la información a los partidos, la posición del Ministerio Fiscal, etc. Y, encima, el cortinaje del cumplimiento de la legalidad, frente a lo ignominioso, o lo obsceno, de lo que suponga una actitud democrática, crítica o jurídica, distinta.

Tema de la legalidad, si lo fuera, el acto administrativo que derivase de un expediente administrativo -la Junta de Prisiones de Aranjuez- habría de ser ajustado a plazos, formas y reglas predeterminadas. Pero el caso se pasó del módulo 4 al 2. En el primero, la decisión hubiese sido negativa. Aquí pudo estar el fraude legal. La viabilidad de la impugnación contencioso-administrativa no es imaginaria. Y si fuese decisión de Gobierno, habrá existido acuerdo del Consejo de Ministros, también recurrible. Y si es decisión política, la responsabilidad -civil, administrativa o penal- nace de quien la tomó.

Por el contrario, estamos en un caso más de secuestro del lenguaje jurídico. Lo "humanitario" y la "oportunidad" han sustituido a lo "justo", a lo prudente, a la verdad. Se podía haber llamado acto de caridad. Y si fuese aplicable la analogía con la muerte a la que se arriesgó voluntariamente el reo con su huelga de hambre, cúmplase la tesis del cardenal Cañizares: prohíbase el aborto. Se ha delegado en Rubalcaba el pregón de la legalidad. Difícilmente, al actual Ministerio del Interior se le puede reconocer la virtud de la verdad, por los antecedentes (GAL, ministro de Educación, Filesa, día 13-M de reflexión, Estatuto de Cataluña, etc.). Ha hecho de portavoz de quien no se ha atrevido, una vez más, a emplazar a los familiares de los veinticinco asesinados, que, como herederos-sujetos de derechos, algo podrían decir, y cuyos derechos les han sido expropiados.

Esta operación es la primera explosión clara de la legalización del terrorismo, lo que internacionalmente no prosperó. Porque se legitima su lucha y su victoria, que ahora tiene que atenuarse. Los aliados del socialismo -que ha dejado de ser español o nacional- son los peneuvistas, convergentes, separatistas, nacionalistas canarios y gallegos, etc., ya no digamos el Partido Comunista del que procede otro legalista, López Guerra. Son los que hacen coro. Pero -ojo-, el desarme del Estado les arrastrará. Y si los terroristas llegan al poder con su modelo estalinista-marxista, serán las primeras piezas a batir. Porque ellos promovieron el asesinato del almirante Carrero, las mil víctimas de toda clase social. Y Miguel Ángel Blanco murió asesinado hace diez años por no aceptar el Estado del chantaje.

Se ha efectuado la primera -y sonada- e innecesaria "señal". Se ha abierto el melón. Parecía reventado con el "accidente" de un Barajas que pudo ser un genocidio frustrado. Se vuelve a mentir cuando se dice que "no habrá precio político", cuando con esta excarcelación se ha burlado -lo reitera la prensa mundial- todo signo democrático de un Estado de Derecho. Ha sido como una alerta roja en Europa. Pronto se anunciarán las "cordiales" reivindicaciones de otras excarcelaciones más asequibles. Si esta ha sido posible, ¿cómo no van a seguir las demás? La "ruta negociada" -siempre en la oscuridad y en decisionismo, nominalismo o relativismo oportunista- entrará en el camino de la autodeterminación, que el desarrollo autonomista secesionista facilitará, y la incorporación de Navarra. Legalidad también sería la aplicación de los artículos de la Constitución, destinados a salvar la unidad indisoluble de España. O el 155, o 162, en relación con el 8. En "Razón Española", se recordaba al añejo artículo sobre "Lo que la Corona podía hacer por la Unidad de España".

Frente a esta señal, en primera entrega, ya no caben engaños. Ha sido demasiado fuerte, moral y jurídicamente, para que la reacción brote con espontaneidad. No hace falta una Ley de Defensa de la Democracia, como la hubo para la II República. Basta con el pueblo español, con los que ejercen la profesión de informadores y los que sirven las instituciones del Estado -las jurídicas, las políticas, las de las Fuerzas Armadas, las de la sociedad-, tome conciencia de que ya no serán las ideologías, ni los pesebres los que salven a España, sino una toma de conciencia común, unidos a otros foros de la sociedad más espontánea para que por la vía democrática renazca la esperanza de que España no se puede romper -aviso de Muñoz Alonso- ni fragmentar -otro de Sosa, el profesor en la licenciatura de Zapatero-. La respuesta, pues, de la sociedad, padres de familia y jóvenes es clave para que la "señal" de una "entrega" se convierta en "señal" de un despertar de España.

*Jurista, académico y educador