La jueza del "caso Piedad" impone nueve fechas de entrega a la familia acogente

R. BARRETO, La Orotava

La jueza del caso Piedad ha impuesto otros nueve plazos para la entrega de la niña por parte de la familia que la acoge en régimen de pre adopción y al Gobierno de Canarias. En el caso de que se incumpla el nuevo auto judicial dictado el pasado día 15 por la magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, María Elena Corral Losada, se les impondrá a Soledad Perera y Andrés Díaz Acosta multas coercitivas de 640 euros y 900 euros, respectivamente y al Gobierno de Canarias, 10.000 euros mensuales, que suponen una reducción del 20% con respecto al importe de las sanciones que por cada incumplimiento se habían fijado al principio, para ambos casos, según ha trascendido a EL DÍA en medios de la familia acogiente. La resolución que desestima las alegaciones de la familia acogiente puede ser recurrida en un plazo de cinco días a partir de la notificación. .

En la exposición de los hechos se especifica que por providencia motivada de fecha de 27 de diciembre de 2006 se acordó la imposición a los acogientes de la niña Piedad una multa coercitiva de 6.000 euros, si en el próximo señalamiento que se hiciera no era entregada la menor y otros 6.000 por cada mes que transcurriera sin que la niña fuera entregada a la madre biológica. Igualmente, establecía una multa a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia de 12.000 euros, si la menor no era entregada en el próximo señalamiento que se fijara y de 20.000 euros por cada mes transcurrido.

Soledad Perera y Andrés Díaz y el Gobierno de Canarias interpusieron recurso de reposición contra dicha providencia.

El Ministerio Fiscal y la representación de la madre adoptiva Ángeles Suárez Santana impugnaron el recurso y solicitaron el mantenimiento de las multas, sin perjuicio de que la fiscalía puntualizara que "no se puede llevar a cabo el cumplimiento de un requerimiento que ha sido notificado en fecha posterior al momento en que debe llevarse a cabo".

Soledad Perera ha mostrado su estupor e indignación ante la presunta violación a la intimidad familiar y por la posible conculcación de la Ley de Protección de Datos al exponerse en el auto del 15 de febrero asuntos relacionados con la economía doméstica, revelar los ingresos provenientes de las retribuciones profesionales del matrimonio que acoge a Piedad. En la exposición de los hechos, se alude a los sueldos (pagas extras incluidas y beneficios empresariales, respectivamente) de Soledad Perera y Andrés Díaz, para determinar que pueden hacer frente al pago de las multas coercitivas que se les impondrá si no cumplen los requerimientos establecidos".

Soledad Perera explica que "en ese auto se hace alusión a nuestra vida personal, que no es constitutiva de delito y es curioso que diga que privamos a nuestra hija del colegio. Si no va es porque queremos evitarle el trauma de que se la lleve la Guardia Civil".

Situación límite

Soledad Perera subraya que siempre ha justificado ante la Justicia la no entrega de la menor a la madre biológica con informes médicos y psicológicos. Aclara que "nos parece, de todas formas, abusivo y fuera de lugar la imposición de tales multas sin haber acabado el procedimiento judicial, dado que siempre nosotros hemos avalado con documentación facultativa y jurídica y de instituciones sociales que la niña continúe en nuestra casa. Nos encontramos ante una situación límite derivada del hecho de que la menor sufre una enfermedad genética grave que requiere cuidados especiales y continuos y una vida tranquila y relajada". Las entregas están fijadas para hoy lunes, a partir de las 10 de la mañana; para los días 5, 12, 19 y 26 de marzo. Para el mes de abril se señalan los días 2, 11, 16 y 26. Los guardadores de la niña, como se cita en el auto de la magistrado juez del Juzgado de Familia de Las Palmas, deberán cederla a la hora fijada, mientras que la madre biológica deberá recogerla a las 11 horas. Esta resolución afecta, igualmente, a la Dirección General del Menor y Protección de la Familia del Gobierno de Canarias en los mismos términos que los dictados para la familia acogente. Las partes afectadas quedan avisadas, según el citado documento, de que en el caso de no cumplirla podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, "sancionado con pena privativa de libertad e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos".