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El TSJC anula el decreto de creación de la Cámara de Comercio de Lanzarote

La sentencia determina defectos en la confección de su presupuesto y en la viabilidad financiera de dicha corporación. El alto tribunal concluye que el diseño de sus ingresos no se ajusta a la Ley cameral.
18/feb/07 01:40
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EL DÍA, S/C de Tenerife

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo de pleno derecho del decreto regional del 5 de abril de 2005 por el que se crea la Cámara de Comercio de Lanzarote, según las informaciones publicadas ayer por dos periódicos de Las Palmas.

En ellas, ponen de manifiesto que el fallo judicial determina defectos en la confección de su presupuesto y en la viabilidad financiera de dicha corporación, al mismo tiempo que se hace referencia a que el diseño de sus ingresos no se ajusta a la Ley cameral.

Las mencionadas informaciones señalan también que la sentencia aclara que la Cámara de Lanzarote no cumple con la normativa en lo que a ingresos se refiere. Al respecto, afirman que éstos deben estar compuestos por el recurso cameral permanente (fondos públicos) que no podrán exceder del 60% del total del presupuesto, por lo que el 40% restante debe provenir de otro compuesto por fondos privados.

Asimismo, las fuentes indicadas alertan de que pueda correr igual suerte la Cámara de Fuerteventura.

Agregan que el fallo judicial otorga la razón al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC.

Desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, su presidente, Ignacio González, manifestó, a preguntas de EL DÍA , que dicha corporación no está en contra de las cámaras insulares, siempre que, aclaró, cumplan los requisitos que garanticen unos servicios que lleguen al empresario.

Asimismo, manifestó que para que esto sea así es necesario realizar un estudio de viabilidad económico-financiera.

Puntualizó que, cuando se debatió la creación de dichas cámaras, desde las entidades camerales provinciales se hizo hincapié en que se tenía que llevar a cabo un estudio de este tipo y se advirtió que, de lo contrario, podrían producirse problemas.

Cabe recordar que, en abril de 2005, los dos presidentes de las Cámaras provinciales de Canarias, Ignacio González Martín, y, José Miguel Suárez Gil (Las Palmas), denunciaron públicamente la "manipulación política" del Gobierno de Canarias al aprobar precipitadamente el Decreto de Creación de la Cámara Insular de Lanzarote sin haber aprobado previamente el Reglamento que establece los requisitos para crear una nueva corporación, así como su procedimiento electoral.

En este sentido, González Martín puntualizó que la sentencia del TSJC es fruto del caso omiso que desde el Gobierno autónomo se hizo en su momento a las entidades camerales provinciales.

Agregó que desde las Cámaras provinciales se dio cuenta de esta situación al Consejo Superior de Cámaras que, como órgano que vela por el cumplimiento de estas instituciones, interpuso el recurso.

Por otro lado, desde la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno autónomo se informó ayer de que todavía no se ha recibido de manera oficial esta sentencia.

Las fuentes consultadas precisaron a este periódico que se está a la espera de poder tenerla para estudiar de forma pormenorizada su contenido y determinar qué decisión adoptar.

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