En clave electoral

LOS PROCESOS PROFUNDOS de la política española, bien identificados desde hace tiempo, siguen su curso: el Gobierno y su partido no se apartan de su estrategia de destruir o, cuando menos, aislar de la vida pública al Partido Popular, a fin de que llegue a las próximas elecciones en las peores condiciones posibles, ya que el vuelco de 2004 no fue suficiente para provocar en su seno una crisis comparable a la de la UCD cuando ganó el PSOE en 1982, o a la del PSOE cuando el PP alcanzó la victoria en 1996. Para lograr este objetivo, la política de alianzas con los partidos nacionalistas es pieza de suma importancia, porque si Rodríguez Zapatero logra cortar toda posibilidad de alianzas postelectorales entre nacionalistas y PP, éste se vería forzado a ganar por mayoría absoluta si quisiera gobernar aunque fuese el partido más votado en las elecciones. Encaja con esta lógica lo que el Gobierno ha hecho con el Estatuto de Cataluña, aunque los socialistas catalanes hayan preferido el poder mediante la coalición de perdedores, agraviando así a la ganadora CiU; y se comprende mejor también el mal llamado "proceso de paz", que podrá servir, cuando menos, para eliminar toda tentación del PNV de apoyar en el Congreso a un PP ganador sin mayoría absoluta.

Es cierto que, además de estas motivaciones en pura clave de poder, pueden rastrearse planteamientos guerracivilistas anclados en toda una mentalidad de izquierda sectaria, así como influencias claramente masónicas en la política relativa a la religión en general y el cristianismo en particular; pero así como en estas materias el Gobierno presenta a veces una conducta errática y oportunista, en todo lo referente a la conservación del poder no se aparta ni un milímetro de la ruta trazada.

El juicio del 11-M

Vistas las cosas así, el inicio de la vista oral del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004, que ha sido la noticia estrella de la semana, tiene más carga de espectáculo que de acontecimiento trascendente. En efecto, la vista durará varios meses según las previsiones, y sólo al final la sentencia será lo realmente importante; y, mientras tanto, su transcurso será aprovechado por unos y otros en clave electoral, como ya ha empezado a suceder. Resulta difícil convencer a la opinión pública de que alguien pretenda sola y exclusivamente encontrar la verdad de lo que ocurrió, porque ya está muy instalado en la conciencia pública la idea simplista y errónea de que el debate no consiste más que en ver si los autores fueron islamistas (y entonces el Gobierno de Aznar mintió), o si la ETA tuvo algo que ver (y en tal caso fue el PSOE el mentiroso). El electoralismo más burdo empapa todo este planteamiento, pero así es como se están desarrollando las cosas.

En esta misma clave hay que interpretar el último intento, por parte de la minoría del Consejo General del Poder Judicial afín a los socialistas, de anular el nombramiento del magistrado Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside también el Tribunal que juzga a los encausados del 11-M. Es poco probable que este intento, que ya hace el número tres, prospere, y lo probable es que todo siga en este punto como ahora está.

Por lo que llevamos visto hasta ahora, el magistrado Gómez Bermúdez conduce la vista con autoridad y sin otorgar el menor margen a las maniobras dilatorias o confundidoras. Es posible que con este proceder estricto, este magistrado adquiera un protagonismo excesivo, pero me parece que la otra alternativa sería, desde luego, mucho peor, y seguramente tampoco restaría protagonismo al presidente del Tribunal. Lo previsible, pues, es que el juicio se desarrolle sin graves incidentes, aunque eso no hay nadie que lo pueda asegurar.

Cataluña

Los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Estatuto de Cataluña continúan, por otro lado, en el centro del debate político. El Congreso de los Diputados ha sido esta semana el escenario de una de las sesiones más indignas de que se tiene memoria en los últimos años. Los partidos separatistas obtuvieron en su día la luz verde del PSOE para debatir la reprobación y posible destitución del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, autor de uno de esos recursos. La sesión fue un infame linchamiento moral, y estuvo plagada de intervenciones sólo imaginables sin graves sanciones en virtud de la inviolabilidad que protege a los parlamentarios en el ejercicio de su función. Llovieron los insultos sobre Múgica (que había excusado su asistencia alegando otras obligaciones anteriormente contraídas), a quien se calificó, entre otras lindezas, de prevaricador. El Diario de Sesiones que recoge aquel monumento a la vileza y la miseria moral debería formar parte de los textos de las Facultades de Derecho Público, como ejemplo histórico de lo que no debe ser un Parlamento.

Las propuestas de reprobación fracasaron porque en el último momento los socialistas, después de haberse distinguido en los dicterios contra el Defensor del Pueblo, votaron junto al Partido Popular y Coalición Canaria, por razones que nadie explicó. Es posible que esta actitud haya sido fruto del temor de meterse en un laberinto demasiado peligroso, pero eso es sólo una conjetura.

Posdata

El nuevo ministro de Justicia no defraudó. En su discurso de toma de posesión aprovechó para descalificar al Consejo General del Poder Judicial, al que negó legitimidad por no haberse renovado en plazo, y mostró su beligerancia partidista al defender la tesis totalitaria de pretender sustraer los debates políticos de todo control judicial. Nada nuevo en el personaje, que confirma así los peores presagios formulados en cuanto se supo que sustituiría al canario López Aguilar al frente de tan importante Ministerio.

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