N. MARTÍN/EFE, S/C de Tfe.
En menos de una semana, la supuesta ramificación del "caso Mogán" hacia el Gobierno canario dejó ayer de existir prácticamente gracias a la intervención de la Fiscalía, que no ve indicios de delito en la actuación del presidente del Ejecutivo y del consejero de Medio Ambiente durante la tramitación de la urbanización Anfi Tauro, en el municipio grancanario.
Ahora será la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la que decida qué hacer con este caso, aunque lo más probable es que se siga el criterio de la Fiscalía. Esta sala está compuesta por los magistrados Antonio Castro (presidente del TSJC), Carla Bellini (que instruye, entre otros, el "caso Las Teresitas") y la ponente de las diligencias previas abiertas sobre la actuación del Ejecutivo, Margarita Varona.
Después de que el pasado martes esta sala del TSJC instara al Ministerio Fiscal a que decidiera si observaba o no irregularidades penales que afectaran a personas aforadas -y los miembros del Gobierno lo son-, éste emitió ayer un dictamen en el que concluye que no ve "indicios suficientes" de la comisión de delitos. Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía solicita al TSJC que no asuma la causa, lo que supondría dar carpetazo directo al asunto.
El recorte de la polémica
En el informe, el Ministerio Fiscal indica que "tras un detenido examen del testimonio de particulares enviado por el Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana -que es el que investiga el "caso Mogán"-, no se aprecian indicios suficientes de la comisión de hecho delictivo contra persona aforada alguna", lo que exonera a quienes se encuentran aforados.
Por lo tanto, la Fiscalía del TSJC indicó que "procede rechazar la competencia" de la Sala de lo Penal del alto tribunal canario para investigar a miembros del Gobierno de Canarias.
La rápida actuación del Ministerio Público en este caso ha puesto un rápido fin a una semana de especulaciones sobre el contenido real que llevó al magistrado del "caso Mogán" a pedir al TSJC que investigara a miembros del Gobierno.
Por las filtraciones que han ido publicando diversos medios de comunicación, la raíz de este asunto se encuentra en unas conversaciones telefónicas de los citados miembros del Gobierno con el empresario Santiago Santana Cazorla, detenido en el marco de la "operación Góndola".
En esas conversaciones, presuntamente, se podía oír al empresario trasladando tanto al presidente como a su jefe de gabinete y al consejero de Medio Ambiente su enfado por la decisión del Ejecutivo de elevar al Parlamento regional una propuesta sobre la urbanización que rebajaba ampliamente el número de camas alojativas que pretendía construir.
Según la información difundida por Medio Ambiente en los últimos días, la propuesta inicial realizada por el empresario incluía la construcción de 7.500 plazas, según la propuesta aprobada por el Cabildo de Gran Canaria y que éste posteriormente envió al Ejecutivo, que de entrada rechazó la posibilidad de aprobar tal número de camas.
La segunda propuesta del Grupo Anfi consistió en pedir la aprobación para 3.405 plazas, a lo que el Gobierno respondió dando al empresario a elegir entre tres posibilidades que oscilan entre 1.621 y 1.790 camas, motivo por el cual, supuestamente, se produjeron las llamadas base de esta causa.
Cinco días en la picota
La filtración el pasado viernes de la noticia de que el magistrado de un juzgado de San Bartolomé de Tirajana solicitaba al Tribunal Superior de Justicia de Canarias abrir una investigación al presidente del Gobierno, a su jefe de gabinete y al consejero de Medio Ambiente por unas conversaciones con el empresario Santiago Santana Cazorla (foto) ha logrado que durante cinco días se debatiera en diferentes medios regionales y nacionales acerca de si el Ejecutivo cedió o no a las presuntas presiones del empresario. El propio Gobierno, además de pedir en los últimos días celeridad a la Fiscalía, había criticado la filtración de las informaciones que podían poner en cuestión su actuación antes de tiempo. El mismo día en el que se conocía la noticia, el propio consejero de Medio Ambiente expresó su perplejidad ante la situación creada y reconocía haber mantenido conversaciones con Santana Cazorla, que el Ejecutivo no ha negado pero que siempre las enmarcó en el derecho de cualquier ciudadano a informarse de los expedientes que les afectan.
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