E.C., S/C de Tenerife
Canarias quiere recuperar sus accesos al mar y volver a hacer público lo que una vez lo fue, pero ahora es privado. Hasta hoy, la iniciativa puesta en marcha por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente hace dos años parece capaz de lograr una posición unánime de todas las administraciones, incluso en los casos en los que para ello hay que proceder al derribo de viviendas que están situadas en la zona de dominio marítimo-terrestre. En los últimos tiempos, no obstante, han surgido una serie de problemas que amenazan con convertirse en un nuevo conflicto entre el Gobierno central y el canario, que no acepta los deslindes propuestos desde Madrid para algunos núcleos de población.
Hasta el momento, la aplicación de esta medida, que se deriva de la Ley de Costas de 1988 y que se supone que tendrían que haber estado culminada para 1993, va a conllevar en Canarias derribos en al menos 10 núcleos costeros. La Dirección General de Ordenación Territorial del Gobierno canario calcula que las casas afectadas pueden llegar al millar. No se ponen pegas, no obstante, a esos derribos, e incluso es la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias la que está procediendo a ejecutar las órdenes en aquellos casos en los que los expedientes están ya concluidos.
Un ejemplo es el de las casa de Rojas, en El Sauzal, que hace unos meses ya se empezaron a demoler. En Tenerife, van a seguir seguramente el mismo camino viviendas de El Caletón, en La Matanza; Chovito, en Candelaria, y El Médano, donde hay varias casas afectadas, aunque el principal afectado es el hotel de ese mismo nombre, que se propone trasladar a otro lugar.
También hay expedientes en esta misma línea para construcciones en la playa de La Bombilla, en Tazacorte; El Remo, en Los Llanos; Punta Larga y La Zamora, en Fuencaliente, y algunas casas cercanas al aeropuerto en Mazo.
A parte de Tenerife y La Palma, que son las islas más afectadas, han sido también afectados por los deslindes una zona de chalés en Hoya Pozuelo, en Telde, y en Tinajo, en La Santa, se habla asimismo de derribos. Hace un tiempo, ya se actuó en una zona construida en la costa de San Bartolomé de Tirajana, y otra en el barranco de Arguineguín, también en Gran Canaria.
El director de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Pulido, afirmó que en todos estos casos están claros los argumentos, ya que es ha invadido el dominio público y provocado una gran afección ambiental. Además, en su mayor parte son segundas residencias. En algunos pocos lugares son viviendas principales, y se está estudiando con los ayuntamientos correspondientes, como el de La Matanza, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, la construcción de viviendas protegidas para realojar a las familias.
El problema ahora está en otros cuatro núcleos costeros en los que el Gobierno canario no acepta la delimitación que quiere imponer la Dirección de Costas. Son cuatro poblaciones en la zona de Agache, en Güímar, cuatro en Anaga, El Golfo en el municipio lanzaroteño de Yaiza, y Tufia en Telde, aunque en este caso la situación es algo distinta que en los anteriores.
Lo que ocurre en estos casos es que Madrid entiende que hay que fijar el espacio público hasta los 100 metros desde la costa, que es lo que dice la ley para zonas no urbanas, mientras que el Gobierno canario que sólo se pueden aplicar los 20 metros de línea de servidumbre, puesto que todos esos núcleos se deben considerar urbanos de acuerdo a las condiciones que estableció la propia normativa en 1988. Además, el planeamiento territorial ha dado desde hace tiempo carta de naturaleza a esa clasificación, y en muchos casos con el beneplácito de Costas.
Desde el Archipiélago se considera inadmisible la posición de Madrid con respecto a estos cuatro casos, y se ha planteado un conflicto que además deriva en una cuestión de competencias, ya que las Islas vienen desde años reclamando la gestión del espacio costero, porque consideran que se mucho más fácil hacerlo sobre el terreno, y no desde un despacho en la Península.
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Vía libre para rodear las 7 islas
El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno canario, Miguel Ángel Pulido, considera muy positivos los pasos que se están dando para tratar de recuperar el dominio público marítimo-terrestre en aquellos lugares en los que había sido invadido, situación que se puede ver en muchas Islas, aunque parece que con especial intensidad en Tenerife y La Palma. En su opinión, además, hay que trabajar por asegurar que alrededor de las siete islas quede totalmente libre la llamada zona de servidumbre, que son los seis primeros metros desde el mar. A partir de ahí, la idea es trabajar por hacer accesibles todos esos espacios y crear una especie de gran paseo que circunde cada territorio insular, de tal forma que si alguien quiere recorrer ese anillo, pueda hacerlo sin encontrarse con obstáculos en el camino. Pulido recordó que el nuevo convenio de costas con el Estado incluye actuaciones en esta línea, que van a permitir al Archipiélago avanzar hacia este objetivo, todavía hoy lejano.
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