Bajo la lupa de la Justicia

NACHO MARTÍN, Tenerife

Unas recientes declaraciones del vicesecretario general del PSC, Francisco Hernández Spínola, en las que se refería a los casos de presunta corrupción destapados en Canarias como una "ciénaga" reflejan la percepción que buena parte de la sociedad tiene de la situación en el Archipiélago, donde tanto los tribunales como la fiscalía investigan algo más de una quincena de irregularidades en las que se encuentran bajo la lupa de la justicia las actividades de diversos poderes públicos, fundamentalmente municipales y de la Comunidad autónoma. Al menos 70 personas, decenas de ellas por el desempeño de su trabajo al frente de instituciones o como funcionarios, se encuentran imputados en estos casos, una situación inaudita en Canarias, donde no se recuerda una profusión similar de investigaciones a causa de la corrupción.

Por el momento, ninguna de las islas y ningún partido político se libra de estos casos de corrupción, nueve de los cuales afectan a administraciones en manos de Coalición Canaria (casos Amorós, Icfem, Turismo, Vivienda, Fórum, Las Teresitas, Las Arenas, Valle Gran Rey y Farmacia), cinco a otras tantas del Partido Popular (casos Eólico, Faycán, Mogán y otros dos que afectan al presidente de los populares de Fuerteventura, Domingo González Arroyo) y uno al PSC (la imputación del alcalde de Mogán y otra ocho personas por el cobro de sueldos de la empresa municipal Aguas de Teror). A pesar de esta elevada cifra de casos de presunta corrupción, sólo un dirigente político en el Archipiélago ha ingresado en prisión tras sentencia de condena en firme: el ex presidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín, que lo ha hecho en cuatro ocasiones, la última de ellas el 21 de diciembre de 2006 por malversación de caudales públicos y por delitos contra Hacienda y contra la Seguridad Social.

Salvo el denominado "caso Icfem" -uno de los más antiguos aún en vigor y en el que se encuentran imputados seis ex altos cargos del Gobierno por subvenciones para formación y empleo sin justificar entre los años 1993 y 1999, un caso que fue reactivado en octubre del año pasado- y el llamado "caso Astapal" en La Palma -que surge en 2002 por la denuncia de dos tabaqueros que presuntamente no recibieron sendas subvenciones que les fueron concedidas por la Consejería de Industria y que está pendiente de recurso tras ser archivado en marzo de 2006- el resto surge a lo largo de 2005 y de 2006, correspondiendo con una suerte de "operación Manos Limpias" en todo el Estado.

Ambas fechas no son una simple coincidencia, ya que es a principios de 2005 cuando se instala la delegación en Canarias de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo trabajo queda reflejado en el importante flujo de investigaciones abiertas en esos dos años, el último ejemplo de las cuales es la detención del alcalde de Mogán, Francisco González, del PP, y otras cuatro personas, el pasado 23 de enero, un caso al que no le faltan ingredientes como una presunta trama de espionaje y otra de supuesta compra de votos.

El coordinador insular de Izquierda Unida Canaria, Ramón Trujillo, una de las personas que más en profundidad ha investigado uno de esos casos, el "caso Las Teresitas", diferencia entre dos tipos de corrupción. "Existe una corrupción que podríamos considerar delictiva y otra es la corrupción como fenómeno de enriquecimiento por vías que no son éticas, aunque legales", que considera la más perjudicial de las dos. A su juicio, "existe tolerancia social hacia esa corrupción porque se admite que una parte de la sociedad gane mucho dinero y si se acepta eso, no escandaliza demasiado cuando se hace trampa para ganar ese dinero", advierte.

Para Trujillo este fenómeno se produce por los vínculos entre "el dinero privado y los sistemas de elección de representantes. No hay separación entre los intereses privados, los partidos políticos y las instituciones", lo que estaría provocando una "legalización de los mecanismos de transferencia de riqueza a sectores minoritarios. Si estos mecanismos se legalizan -añade- ¿por qué correr el riesgo de caer en la ilegalidad?".

Por su parte, el abogado Pedro Fernández Arcila, que en su desempeño profesional ha llevado a los tribunales algún otro destacado caso de presunta corrupción urbanística, explica que "Canarias ha experimentado un enorme crecimiento económico en los últimos años, que no sido paralelo al establecimiento de controles" por parte de las administraciones públicas, aunque considera que, pese a todo, en los últimos años hay mejores controles que hacen que se conozcan más casos. "El único remedio preventivo -asegura- es una mejor organización de la sociedad civil, de la participación pública".

Fernández Arcila, miembro de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (Atan), considera que uno de los orígenes de la corrupción, muchos de cuyos casos están íntimamente ligados a la especulación del territorio en determinados municipios, se encuentra en que "los ayuntamientos tienen en el urbanismo su única vía importante de ingresos, por lo que todo esto debería llevarnos a abordar la necesidad de encontrar otras formas de obtener financiación".

Si bien las miradas de la Justicia se dirigen en buena manera hacia los ayuntamientos y a sus competencias urbanísticas en los casos de presunta corrupción, el vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de Buenavista del Norte, Aurelio Abreu, defiende que "en los 87 municipios del Archipiélago hay mucha gente trabajando honestamente y los casos por corrupción no pasan de 15 a 20", a pesar de lo cual se muestra partidario de que "el ayuntamiento que cometa un error debe pagarlo" y de que es necesario que haya "todos los controles posibles", al mismo tiempo que asegura echar de menos "una mayor agilidad a la hora de aprobar los planes generales".

Preocupación en La Oliva

Entre los municipios canarios, el caso de La Oliva es un buen ejemplo en lo que se refiere a la desenfrenada especulación urbanística, al margen de las investigaciones judiciales.

En esta localidad, los planes parciales aprobados por la anterior corporación, un total de 19, amenazan con ahogar las arcas municipales, según explica su alcaldesa, Claudina Morales, quien pone como ejemplo una reciente sentencia que ha obligado a paralizar un convenio de urbanización en El Cotillo, donde el constructor ya había pagado 6 millones de euros en licencias. Al menos otros tres planes -entre ellos el de Casa de Majanicho, donde 750 viviendas se encuentran ahora fuera de ordenación- tienen ya sentencias judiciales a pesar de que el consistorio cobró licencias, lo que coloca al municipio en una situación económica insostenible.

Morales, que no oculta su preocupación ante estos hechos, asegura que "esto no se puede asumir porque no tenemos medios económicos y devolver una sola licencia ya cobrada a los constructores hipotecaría durante años la actividad del Ayuntamiento", por lo que el equipo de gobierno ha optado por llegar a acuerdos, como en el caso del Plan Parcial Montaña Roja, donde se ha logrado trasladar las construcciones aprobadas a una zona ya urbanizada, según explica la alcaldesa.