ZEROLO BLINDA EL CARNAVAL

HUMBERTO GONAR, Tenerife

El Parlamento canario acordó admitir a trámite la modificación parcial de la Ley 1/1998, de enero, que regula el régimen jurídico de los espectáculos públicos y actividades clasificadas para las actividades y espectáculos que se desarrollen en determinados festejos populares.

Más allá del epígrafe textual de la proposición de ley, la Cámara vino a dar cobertura legal a la aspiración del Ayuntamiento de Santa Cruz para lograr "blindar" la celebración del Carnaval en la calle a raíz de la denuncia interpuesta el año pasado por un grupo de vecinos del centro de la capital tinerfeña.

Aunque inicialmente el alcalde chicharrero, Miguel Zerolo, esperaba que ayer mismo el Parlamento aprobara la modificación, la siempre engorrosa tramitación parlamentaria obligó que ayer se admitiera a consideración, tras admitir las enmiendas del PSC y del PP. Ahora, pasará a la Comisión de Cabildos, que son los órganos competentes en regular las actividades clasificadas, para concluir el expediente con el retorno a la Cámara, posiblemente la próxima semana, cuando se aprobará por unanimidad la modificación.

La modificación propone que las fiestas populares que se celebren en Canarias, "calificadas como locales o declaradas de interés turístico nacional o internacional", no tengan que contar con un expediente administrativo para que se puedan desarrollar. Ésta fue una de las puntas de lanza de la denuncia interpuesta el año pasado por un grupo de vecinos de la zona centro de Santa Cruz, que entendía que sus derechos al descanso se veían conculcados con el derecho al ocio de cuantos disfrutan de los bailes.

El cambio en la Ley 1/1998, consensuada por CC, PSC y Grupo Mixto, propone que "la realización de eventos organizados por el Ayuntamiento de la localidad en que tengan lugar las fiestas en la vía pública o en recintos habilitados al efecto no precisarán la licencia ni autorización". Quizás porque la modificación fue "apadrinada" en primera instancia por (CC) y Cristina Tavío (PP), los populares hicieron público que permitirán el acuerdo unánime de la "patente de corso" para el Carnaval cuando se someta a votación. El portavoz del PP, Jorge Rodríguez, recriminó que se haya tardado 9 años para este cambio que ahora se trae "de forma precipitada" y se obvia la posibilidad de conceder "licencias temporales".

Hernández Spínola (PSC): "Hay espectáculos públicos que son actividades no clasificadas, sino fiestas populares". Colocó en el fiel de la balanza distintos intereses: el derecho al descanso y el ocio. "Los ayuntamientos deben tener la potestad de regular la fiesta".

Jorge Rodríguez (PP): "Las corporaciones locales deberán tener soporte jurídico para agilizar la autorización y la concesión de licencia de las fiestas que organizan", y deben cumplir las medidas correctoras.

Alfredo Belda (CC): Apostó por "mecanismos administrativos ágiles que respeten el derecho al descanso sin que a nadie se le amargue la fiesta".