LOS DEFENSORES del Estado de Derecho respiraron aliviados el pasado jueves: el pleno de la Audiencia Nacional desbarató el chantaje de la huelga de hambre con la que el criminal De Juana Chaos trataba de conseguir la prisión atenuada. Era la segunda buena noticia en relación con el antiterrorismo que tenía, en unos días, la sociedad española. En efecto, el Tribunal Supremo ha resuelto que Jarrai es una organización vinculada a ETA y, por tanto, sus miembros deben ser tratados como terroristas por los tribunales. En definitiva la condición juvenil no tenía por qué tapar los aspectos radicalmente delictivos de la organización.
Pero la consolación cívica y política que han provocado estos hechos no debería hacernos olvidar ciertos aspectos inquietantes que han rodeado aquellos. Como es lógico, los españoles han podido saber que la posición del fiscal general del Estado era inequívocamente favorable a la concesión de la prisión atenuada de De Juana Chaos y por lo mismo la del Gobierno. En las vísperas de la votación en el Pleno de la Audiencia Nacional, Manuel Chaves, presidente del PSOE, y Patxi López, líder del PSE, abogaban por la excarcelación del etarra: el primero en función de "la paz social" y el segundo por el carácter de De Juana como preso preventivo. Por todo ello cabe decir que la resolución de la Audiencia Nacional es una derrota política del Gobierno.
Las interpretaciones de gran parte de los analistas políticos van en este sentido: Rodríguez Zapatero no sólo se equivocó en las negociaciones con ETA al no prever el atentado del 30 de diciembre, sino que tampoco tiene buena información sobre aquellos que, como el Poder Judicial, están en la defensa del Estado de Derecho. No es temerario afirmar que para el Gobierno estaba "cantada" la solución que iban a dar tres magistrados al caso de De Juana ya que lo han dejado claro al votar e el Pleno a favor de su excarcelación.
El chantaje del etarra ha quedado desarticulado gracias a la inteligente propuesta del juez Guevara al solicitar que, dada la trascendencia del caso, fuera resuelto en el pleno. Por otra parte, la desproporción entre los votos contrarios a la concesión de la prisión atenuada (doce) y los votos favorables a las tesis del Fiscal General (cuatro) han supuesto una gran compensación a aquella parte de la sociedad que está apostando por la consolidación del Estado de Derecho.
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