EFE, San Bartolomé
El alcalde del municipio grancanario de Mogán, Francisco González, y su primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, ambos del PP, quedaron ayer por la tarde en libertad con cargos de corrupción y sin fianza tras declarar ante el juez que se encarga de la denominada "operación Góndola", sobre supuestas irregularidades urbanísticas, que hasta el momento ha supuesto la detención de cinco personas vinculadas al Ayuntamiento grancanario.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tanto el primer edil como la teniente de alcalde deberán presentarse los días 1, 10 y 20 de cada mes en el juzgado, además de que se les ha retirado el pasaporte. Esta medida la ha tomado el juez con todos los que hasta ahora han sido imputados en relación con este asunto.
El alcalde Francisco González quedó en libertad con seis cargo relacionados con corrupción e irregularidades urbanísticas: prevaricación, tráfico de influencias, delito de omisión del deber de perseguir delitos, delito contra el ordenamiento del territorio y del medio ambiente, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
La primera teniente de alcalde de Mogán, Onalia Bueno, también quedó libre con los cargos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, delito electoral en relación con falsedad documental y delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El jueves, el juez también dejó en libertad con cargos, pero sin fianza, al secretario del consistorio y a otros dos de los cinco detenidos el pasado martes acusados de hasta siete tipo delictivos distintos.
Todo este escándalo urbanístico se destapó tras una denuncia de dos ex concejales del PP, ahora en Nueva Canarias, sobre un convenio con la promotora Anfi-Tauro, que debería haber supuesto la entrega al consistorio de tres parcelas que, sin embargo, parece que finalmente no han revertido al patrimonio municipio.
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