Una decisión controvertida

EL PLENO DE LA SALA DE LO PENAL de la Audiencia Nacional tomó ayer una decisión controvertida y controvertible, de las que, además de agradar a algunos y desagradar a algunos otros, dejan un poso de desazón en el entendimiento de la mayoría, lo que puede acrecer el divorcio entre la opinión pública y el estamento judicial, que poco a poco se ha ido apartando de la sensibilidad social más extendida, de los valores sencillos de la bonhomía y el sentido común que deben constituir el sustrato elemental sobre el que se edifica un verdadero Estado de Derecho democrático. La fría insensibilidad legalista, politizada hasta el exceso, con que los dieciséis jueces han mantenido en prisión al asesino en huelga de hambre De Juana Chaos ha helado el corazón de muchos ciudadanos que pensamos -seguimos pensando- que el humanismo democrático tiene claves y principios que ningún terrorista puede siquiera sospechar.

El error -relativo error, puesto que la resolución adoptada se ajusta innegablemente a Derecho- de sus señorías es doble. Doble porque, en primer lugar, fue seguramente equivocada la innecesaria trascendentalización del asunto al elevar la decisión al pleno de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional. Como es sabido, el tribunal que condenó a De Juana Chaos a doce años por amenazas terrorista se disponía a resolver sobre la petición de libertad condicional o de prisión atenuada formulada por la defensa y por la Fiscalía, respectivamente, cuando nueve magistrados optaron por solicitar que el asunto fuese resuelto por el pleno de la Sala y no por aquella sección de tres magistrados. Aunque tal eventualidad es perfectamente legal, era y es obvio que los jueces quisieron corporativamente dar realce judicial a un asunto que ya tenía relieve político. No es maliciosa la sospecha de que en aquella medida se emboscaba un afán de notoriedad, una lacra muy extendida últimamente en los palacios de Justicia desde el surgimiento de los "jueces estrella".

En segundo lugar, y entrando en ya en materia, la resolución judicial, que dice tener en cuenta el peligroso precedente que se sentaría si se accediera a excarcelar a un preso en huelga de hambre para disuadirle de que la prosiga, es errónea porque ignora de forma abrupta la necesidad de que la justicia democrática se cargue de matices, tome en cuenta que su labor consiste en moldear seres humanos y no abstracciones. Todos los hombres -y las mujeres, que no se alarme el "lehendakari"- de bien de este país sentimos un desdén infinito hacia este personaje odioso que tiene semblante de genocida y que da la razón a Albert Camus en su afirmación de que, a partir de los cuarenta años, cada cual es responsable de su cara. Y acogemos la detestación y el rencor que legítimamente alientan sus víctimas, directas o indirectas. Pero esta abominación intensa no nos obliga a desear ni a procurar su muerte si podemos evitarla. Ni siquiera si él mismo desease, como desea evidentemente, administrársela.

El asesino De Juana Chaos, que ya ha pagado penalmente por sus no menos de veinticinco asesinatos y que hoy está en prisión provisional por las mencionadas amenazas, ha pretendido evidentemente retar al Estado, ponerle en un compromiso con su huelga de hambre. Y lo inteligente en quienes creemos en el valor del Derecho es no dejarnos impresionar por este gesto ruin de un criminal conspicuo, no permitir que sus alardes de fanático afecten lo más mínimo a nuestros códigos de valores. Ni tampoco a nuestro sentido de la magnanimidad ni de la grandeza moral. Y en esto consiste, en fin, la médula del error cometido: frente a la torpeza del sayón, el jurista debió responder con sensibilidad y no con la plana negativa del rigor inclemente, de la condescendencia con los viejos criterios de justicia retributiva del viejo Código de Hammurabi, como si el Derecho no hubiera recorrido más de dos milenios de progreso desde el Antiguo Testamento.