La Consejería podría llevar el deslinde de la costa de Anaga al Constitucional

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

El deslinde del litoral de buena parte de Anaga trae de cabeza a casi un millar de vecinos que, a raíz de lo sucedido en los últimos días ya no saben bien que creer.

Si hace unas semanas recibían notificaciones procedentes del Ministerio de Medio Ambiente en las que se les comunicaba la aprobación definitiva del deslinde y por tanto que pasaban a estar dentro de la denominada servidumbre de protección, ahora la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por boca de su consejero, Domingo Berriel, asegura que esto no es así.

"Nosotros entendemos que quien debe fijar la línea de servidumbre no es Costas sino el Gobierno de Canarias", aseguró Domingo Berriel.

En este sentido el consejero añadió que "es una decisión que corresponde al ejecutivo canario y si Costas no está de acuerdo, lo que tendría que hacer es recurrir la decisión pero no extralimitarse como lo ha hecho, porque si bien la Ley de Costas establece el deslinde marítimo terrestre se pondrá en zona de servidumbre, no dice quién tiene que hacerlo, y desde luego, eso hay que interpretarlo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de 1991 en el que dejó claro que las competencias a la hora de ordenar las zonas son de comunidades autónomas".

A este respecto, el subdelegado del gobierno en la provincia de Tenerife, Carlos González Segura, aseguró que "sin entrar en consideraciones personales me parece perfecto lo que ahora ha dicho el consejero Domingo Berriel pero lo que no entiendo es por qué no lo dijo en el 2005. Desde ese año, la Dirección General de Costas se está dirigiendo a la Consejería como administración competente para certificar si la zona tenía características urbanas antes de 1988 y hasta la fecha no se ha sabido nada. Ahora, de repente, plantean un supuesto caso de conflicto de competencias".

Según señala González Segura "la comunidad autónoma no quiere declararlo urbano porque quiere que sea asentamiento rural, pero si tenía las consideraciones urbanas en 1988 es otra cuestión, ya que si esto lo certifican no pueden continuar manteniéndolo como asentamiento rural y es la pesadilla que se muerde la cola".

Para finalizar el subdelegado hizo hincapié en que si se llegara a plantear un problema de competencias ante el Tribuna Constitucional, parece claro que la situación se prolongará por largo tiempo.

Por otra parte, el director general de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Pulido, declaraba a Radio Club Tenerife que "la decisión la tomó la Dirección General de Costas y eso que ya tenían el informe porque se lo envió el organismo que tiene que enviárselo y que puede certificar que allí estaban los servicios, pero no se le ha dado crédito, por eso nosotros vamos a tomar la decisión que nos compete que es ordenar el suelo. Es decir, este suelo es urbano porque lo dice la administración que tiene la competencia para ordenarlo y punto y ahí tendrán que tragárselo porque ya no cabrá la posibilidad de decir si están de acuerdo o no y si no están de acuerdo, tendrán que ser ellos los que tendrán que ir a los tribunales".