Fedecámaras pide reconsiderar la medida contra Radio Caracas Televisión

AGENCIAS, Caracas

Fedecámaras expresó ayer que se solidariza con Radio Caracas Televisión (RCTV) a raíz de la decisión que ha anunciado el Gobierno Nacional de no renovarle la concesión para operar en el espacio radioeléctrico y manifestó que solicitará al Estado reconsiderar la medida en defensa de los derechos y principios de la libertad.

José Luis Betancourt, presidente de la cúpula empresarial, indicó en la rueda de prensa conjunta que ofreció con el presidente de las empresas 1BC, Márcel Granier, tras un encuentro que sostuvieron, que la discusión planteada en torno a la licencia de RCTV tiene "sensibilidad" para el empresariado venezolano y afecta a todos los que conforman el sector productivo del país.

Betancourt destacó el valor del derecho a la libertad de expresión y afirmó que son parte de ello "y lo hacemos a través de los medios de comunicación social".

"Nosotros somos una institución que defendemos los principios y valores de la empresa privada, de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y los derechos humanos fundamentales de que cada ciudadano o cada institución pueda ejercer esa libertad, y creemos que esos derechos y principios deben ser debidamente respetados".

El presidente de Fedecámaras anunció que el próximo lunes se efectuará un directorio de esa institución el que abordarán el caso de RCTV con el fin de buscar caminos para solventar las diferencias.

A juicio de Betancourt, es necesario que el Gobierno revise el tratamiento que ha venido dando en lo público y notorio a la diatriba con el popular canal de televisión.

Destacó que es importante la defensa del derecho al trabajo, a la inversión, y todo lo que está consagrado en las leyes venezolanas.

Igualmente, hizo énfasis en que las actuaciones sobre RCTV deben apegarse al debido proceso y se debe considerar el derecho a la legitima defensa y a acudir a cualquier organismo que sea necesario.

El presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, sostuvo que el Gobierno Nacional ha violentado una serie de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en el Pacto de San José, suscrito por Venezuela. Según Granier, el Estado viola el derecho de las personas a buscar y recibir información y entretenimiento donde le parezca más conveniente.