La comisión Amorós se encamina a su fase final y no se prevén más comparecencias

E.C., S/C de Tenerife

Después de 10 meses de trabajo, la comisión parlamentaria que se encarga de investigar las presuntas irregularidades en la gestión de la Dirección General del Tesoro en pasadas legislaturas se prepara para cerrar definitivamente la etapa de comparecencias e iniciar la redacción de las conclusiones.

Aunque ni PP ni PSC descartaron ayer que se puedan pedir más comparecencias en la reunión que el órgano celebrará el lunes, desde ambos grupos se señala ya claramente que la información ya está reunida y que hay suficientes elementos para iniciar la nueva fase. No obstante, están todavía sobre la mesa las peticiones que en su día plantearon los populares y nunca llegaron a rechazarse, para que comparezcan ante la comisión los máximos responsables políticos del Gobierno en las últimas legislaturas: desde el actual presidente del Ejecutivo, Adán Martín, hasta su predecesor, Román Rodríguez, el consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, el ex consejero y portavoz de CC en la Cámara, José Miguel González, o el viceconsejero de Presidencia, Miguel Becerra. No obstante, en las últimas reuniones de trabajo no se ha vuelto a mencionar esta posibilidad.

El portavoz del Grupo Popular, Jorge Rodríguez, se limitó a señalar ayer que en principio no se descartan nuevas peticiones, para añadir inmediatamente que, en todo caso, ya hay suficiente información para iniciar la fase de conclusiones.

Muy parecidas fueron las reflexiones por parte del diputado socialista José Alcaraz, que también considera que a estas alturas las conclusiones están bastante claras, y que si se llamara a alguien más sería simplemente para complementar o aclarar "lo que ya se sabe", o para revisar lo declarado por algunos de los posibles comparecientes que en su momento ya pasaron por el Parlamento para hablar de este asunto, como Martín o Becerra, ya que se ha detectado alguna "contradicción" en lo que dijeron con respecto a lo que se ha ido conociendo en las distintas declaraciones de técnicos o responsables políticos.

Socialistas y populares son los que han impulsado más esta comisión, y hace ya meses que señalaron públicamente que por lo que se ha podido conocer, hay indicios de que efectivamente hubo cuando menos irregularidades en la gestión del ex director del Tesoro, Alberto Amorós.

Lo que tendrán que determinar en esas conclusiones es el alcance de esas responsabilidad y, en última instancia, si se considera que el asunto se debe poner en manos de la Fiscalía por haber un posible delito.

La mayor atención de la investigación se ha centrado sobre todo en los contratos que se realizaron de trabajos para el Tesoro y que se pagaron por parte de entidades bancarias que en 1996 suscribieron un convenio con el Gobierno. El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias que abrió todo este asunto ya hizo hincapié en la irregularidad de este tipo de acciones, y en diversas comparecencias técnicos y especialistas han expresado también sus dudas sobre la regularidad del convenio.

Hay otros asuntos sobre los que también hay dudas a la hora de avaluar la gestión, como en materia de cómo se trabajaba con las cuentas bancarias, o en si hubo menoscabo de fondos públicos, como sostiene la Audiencia de Cuentas, al retrasarse pagos a la Agencia Tributaria.