N.M., S/C de Tenerife
Durante 2006 se instruyeron en Canarias 1.600 expedientes por infracciones contra la Ley de Costas, según explicó ayer el consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, quien indicó que esta cifra supone un descenso del 21% con respecto a la del año anterior.
Berriel, quien compareció ante el Pleno del Parlamento de Canarias a instancias del diputado del Grupo Popular Manuel Fernández, defendió una aplicación rigurosa de la ley en materia de sanciones y de demoliciones, pero aseguró que la actuación de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) está siendo "lo más humana posible" y aseguró que en casos como el derribo de casi 300 casetas en El Sauzal se actuó para salvaguardar el interés general.
Berriel respondía así a la intervención del diputado popular, quien rechazó la aplicación rigurosa de la Ley de Costas. Para Manuel Fernández, habría que tener en cuenta la realidad social antes de aplicar esta legislación y aseguró que el Gobierno de Canarias "tiene muchas ganas de aplicar demoliciones".
Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Santiago Pérez defendió que el dominio público no puede estar sujeto a las condiciones del mercado y recordó que "si no, se corre el riesgo de que algunos lo compren y lo vendan con fondos públicos".
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