Política, corrupción y justicia en los regímenes democráticos

La política la hacen hombres normales, que no son dioses ni héroes. Por tanto, son corruptibles

EN LOS REGÍMENES AUTORITARIOS, la corrupción se coloca en la cúspide del poder. Las dictaduras son, por definición, corruptas. La corrupción empieza con la asunción del poder de forma ilegítima, sin contar con el acuerdo de la mayoría. Desde arriba penetra en todos los niveles de la sociedad y del Estado. Se elimina la oposición, se prohíben los partidos políticos, se cierra el parlamento y se amordaza a la prensa. A los jueces se les prohíbe interferir en los "actos políticos del gobierno". Los dictadores, además de ejercer ilegítimamente el poder y limitar los derechos de los ciudadanos, acaban llevándose la caja del Estado. El ejemplo más reciente es el dictador Pinochet, en Chile, que, después de traicionar y llevar a la muerte a su amigo Salvador Allende, se llevó parte importante del dinero sustraído a cuentas bancarias en el extranjero.

Las democracias parten de la desconfianza hacia los hombres que ejercen el poder. De ahí resulta la limitación temporal de los cargos, la necesidad de pasar por las urnas para ejercerlos y el establecimiento de un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado. La prensa es libre para denunciar posibles abusos de poder. La oposición ejerce libremente su crítica al gobierno y se ofrece como alternativa. Los partidos políticos agrupan a los ciudadanos para movilizarlos en el procedimiento electoral o en manifestaciones pacíficas de protesta.

Una pieza esencial del sistema democrático es el poder judicial. Con independencia del procedimiento que se emplee para su designación, es fundamental que los jueces ejerzan su poder de modo imparcial. Sin creer que la justicia humana sea siempre "justa", lo importante es que cada juez decida aplicando e interpretando la ley según su conciencia y sin sujeción a ningún tipo de presión exterior. La corrupción judicial se castiga, así, con la mayor severidad.

Lo que no es posible es que los responsables políticos "enjuicien" a los jueces. Los defectos del sistema judicial deben ser corregidos por vía legislativa. Es sumamente peligroso para la estabilidad política del país que los políticos deslegitimen a los jueces. Recordemos, además, que la Constitución española coloca en el vértice del sistema jurídico al Tribunal Constitucional, que no sólo dirime las controversias entre poderes sino que, por otra parte, ampara a todos los ciudadanos ante el abuso de poder, incluso el judicial.

En el sistema democrático, los políticos no han de temer a los procedimientos judiciales, sobre todo en un país como España donde, al menos desde 1977, los jueces vienen demostrando de modo consistente su imparcialidad e independencia. Como el resto de los ciudadanos, los políticos están protegidos por la ley, pero no pueden escapar a ella escudándose en sus cargos públicos.

* Diputado al Parlamento Europeo, PSOE