EL PROCESO de construcción europea es muy lento e impacienta a los ciudadanos, que preferirían un sistema más ágil y eficaz de toma de decisiones. Por desgracia, mientras no entre en vigor la nueva Constitución europea, los tiempos transcurren aún muy lentamente.
A las instituciones propias de la Unión, el Consejo (integrado por los representantes de los gobiernos), la Comisión (el gobierno de la Unión, designado por el Parlamento a propuesta de los gobiernos) y el Parlamento (elegido directamente por los ciudadanos), se ha sumado un cuarto órgano, dotado de poderes imprecisos, el Consejo Europeo o "cumbre" de los jefes de Estado y de Gobierno. El Consejo Europeo no tiene funciones decisorias. Los tratados sólo le atribuyen el papel de "impulsar" el proceso de construcción europea. Sus resultados suelen plasmarse en las "conclusiones de la presidencia", que resumen las líneas que se han discutido y que marcan el camino a las instituciones para desarrollar las nuevas políticas acordadas.
La Cumbre de Bruselas de los pasados 14 y 15 de diciembre ha dedicado una atención especial a las políticas de inmigración. Hace algo más de un año, las competencias en materia de inmigración residían fundamentalmente en los Estados nacionales. A partir del año 2005, el Gobierno español ha llevado a cabo un gran despliegue de iniciativas para colocar la inmigración en el centro de las políticas de la Unión, en gran parte a consecuencia de la llamada "crisis de los cayucos" en Canarias.
Los resultados son notables. Frente al "cero euros" de las perspectivas financieras acordadas en 1999 para el período 2000-2006, se ha fijado para el período 2007-2013 una cantidad superior a los cinco mil millones de euros para políticas de inmigración. La Agencia para el Control de las Fronteras Exteriores (Frontex), recién creada, ha lanzado la operación "Hera II" para controlar el acceso a Canarias a través de los espacios marítimos y prepara "Hera III", para el conjunto de la frontera meridional de Europa. Finalmente, la Comisión ha colaborado con España en las operaciones de devolución de los inmigrantes a sus países de origen.
En la Cumbre de Bruselas se ha pretendido abordar una política integral de inmigración que vaya desde el control de las fronteras externas y la devolución automática de los inmigrantes irregulares, hasta la regularización de la inmigración y la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida.
La Cumbre ha partido de las iniciativas que ya están sobre la mesa y de los logros conseguidos a través de la cooperación entre los gobiernos, pero aspira a llegar más lejos para conseguir una auténtica política común de inmigración, como las que existen en materia agrícola y pesquera, en el comercio exterior o en materia ambiental. La construcción de una Unión basada en la libre circulación de personas requiere una política común de inmigración como parte integral del sistema.
*Diputado al Parlamento
Europeo, PSOE
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