EFE, Madrid
El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley de Mejora de la Protección de consumidores, que prohíbe el redondeo al alza y facilita darse de baja de los servicios y que finalmente no incluye la constitución de un fondo de garantía de bienes tangibles.
La creación de este fondo para casos como el sucedido con las sociedades filatélicas Fórum y Afinsa fue introducida en el texto mediante una enmienda del PP que ayer fue apoyada por CiU y rechazada por el resto de los grupos.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, señaló que el rechazo de la enmienda es "coherente" porque los fondos de garantía son normalmente aportados por las empresas y "en este caso se hablaba de fondo con dinero público".
En su intervención en el debate, Salgado subrayó que la Ley "da respuesta a problemas concretos y cotidianos" de los ciudadanos y eleva su nivel de protección jurídica al tiempo que autoriza a las administraciones a adoptar medidas para hacer desaparecer riesgos.
En la defensa de la creación de esta iniciativa el diputado popular Vicente Martínez Pujalte criticó que Salgado no hubiera hecho referencia en su discurso a los afectados de Fórum y Afinsa, intervenidas judicialmente el pasado mayo, algunos de cuyos representantes asistieron al debate del Congreso.
Entre las aportaciones del texto aprobado destacó la prohibición de los redondeos, el hecho de que darse de baja de un servicio sea igual de fácil que darse de alta o que los servicios de atención al cliente aseguren la atención personal directa.
Sabor agridulce
Por su parte, el diputado popular José Ramón Calpe señaló que su grupo apoya la ley mayoritariamente, pero matizó que la aprobación tendrá un "sabor agridulce" ya que "no dará respuesta a las crisis de Air Madrid, Fórum, Afinsa o el Prat", afirmó.
Calpe criticó que "no ha habido respuestas" del Ministerio de Consumo hacia estas situaciones e instó a Salgado a que tome la iniciativa y "no vaya a remolque" en materia de consumo.
En respuesta, la diputada socialista Isabel Pozuelo rechazó la constitución de un fondo de bienes tangibles porque "en ningún caso sería de efecto retroactivo" y no constituye la medida adecuada para proteger a los afectados de Fórum y Afinsa.
En este sentido, el diputado de CiU Jordi Xuclá defendió el fondo de garantías de bienes tangibles como fondo de anticipo, "no como una entrega a particulares" y porque supondría una "expresión de una forma de solidaridad".
Xuclá instó a los órganos reguladores a estar vigilantes por el cumplimiento de la ley y reclamó una regulación para los aparcamientos de los centros comerciales. El pleno del Congreso rechazó la enmienda que pretendía la legitimación activa para imponer reclamaciones a las asociaciones, organizaciones y colegios de naturaleza empresarial o profesional, que era apoyada por el PNV, CIU y Coalición Canaria. En el turno de intervención de los grupos, Coalición Canaria señaló que la ley significa un "principio de seguridad jurídica". La diputada de IV-IU-ICV Carme García valoró la devolución extraordinaria al sector agrario del Impuesto de Hidrocarburos incluida en la ley y rechazó la creación del fondo de garantía de bienes tangibles porque "no se entendería que el Estado apoye a unos ahorradores cuando la mitad no llega a fin de mes".
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