N.M., S/C de Tenerife
La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre el "caso Las Teresitas" se detiene a explicar la contratación por parte del ayunta- miento de un abogado, Ángel Ballesteros Fernández, para atender las alegaciones presentadas por un extenso grupo de ciudadanos al convenio suscrito entre la corporación y la Junta de Compensación.
La fiscal vincula a este abogado con Luciano Parejo Alfonso, de quien subraya que es hermano del concejal del ayuntamiento Manuel Parejo, en aquel momento consejero director de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que, siempre según la querella, se ofrece para contestar las objeciones vecinales.
El abogado fija sus honorarios profesionales en 10.350 euros y pasa a trabajar con este objetivo para el consistorio. A juicio de la investigación, no se realizó el expediente que determina la Ley de Contratos de las Administraciones y añade que el informe sobre las alegaciones habría de ser realizado por funcionarios dependientes de la corporación local.
El propio Manuel Parejo, según María Farnés Martínez, aprobó mediante una resolución el contrato de Ballesteros. Martínez subraya, además, que el contrato se firmó el 28 de febrero de 2002, "cuando ya estaba prestado el servicio contratado", puesto que la minuta de honorarios del abogado "lleva fecha de 1 de febrero de 2002, incluso anterior a la resolución aprobatoria" por la que trabajó para la corporación.
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