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El ayuntamiento pagó por Las Teresitas el triple del valor de su propia tasación

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE DE 2006 18:30
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N. MARTÍN, S/C de Tenerife

La fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, considera, a la luz de la querella presentada el lunes por el "caso Las Teresitas", que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ignoró la única valoración de los terrenos del frente de playa que aunaba los requisitos técnicos y legales necesarios y que establecía el valor de los derechos de los propietarios sobre el suelo en 19,3 millones de euros, frente a los 52,58 millones que pagó la corporación, lo que supuso desembolsar 2,7 veces más de lo necesario.

La valoración a la que se refiere la fiscal es a un informe que, con fecha de 1 de marzo del año 2001, realizó la arquitecta municipal Pía Oramas González-Moro y que, según la querella, es el "más serio y riguroso", pese a lo cual no se tuvo en cuenta a la hora de establecer el pago a los propietarios.

La corporación había encargado otras dos tasaciones, además de la de Pía Oramas, de 19,3 millones de euros. Una de ellas cifraba el valor de los terrenos en 46,8 millones y en 63,4 millones la otra. Y fue precisamente a la más alta a la que se acogió el ayuntamiento.

Compensación urbanística

Según la Fiscalía, esta decisión es doblemente irregular. En primer lugar porque hace una valoración del precio a pagar en función del valor del suelo, a pesar de que existía un acuerdo plenario de 19 de enero de 2001 que decía claramente que el ayuntamiento no adquiriría los terrenos de Las Teresitas, sino que se limitaría a compensar los derechos urbanísticos de los propietarios, compensación que, además, se realizaría por reasignación de los aprovechamientos urbanísticos y no mediante una compra. Además, esa tasación fue realizada por una empresa externa, cuando la propia intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz, el 16 de julio de 2001, emitió un informe en el que admitía que la valoración ha de ser hecha por personal funcionario.

La intervención cita, no obstante, un informe del secretario de la Gerencia de Urbanismo y del responsable del Área Económica del ayuntamiento, que, según la querella, no tenían los conocimientos técnicos para ello.

La Fiscalía considera, por tanto, que la corporación ignoró la valoración más adecuada aceptando una "que triplica la que realizó un técnico propio".

A su juicio, el precio que pagó el ayuntamiento estaba pactado y era previo a las valoraciones. En concreto, la investigación se refiere a un informe preceptivo del secretario general del ayuntamiento, en el que José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala aseguraba que "el precio de compra ha sido fijado libremente por la parte vendedora", por lo que María Farnés Martínez concluye que el precio lo habían establecido los propietarios de los terrenos.

A pesar de ello, representantes de esta empresa, de la Junta de Compensación y de la corporación municipal firmaron el convenio de compra de los terrenos el 18 de septiembre de 2001, acuerdo que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 12 de octubre de 2001.

Ese convenio había sido aprobado por el Pleno del ayuntamiento el 23 de julio de 2001 a pesar de que este documento era contrario al acuerdo del 19 de enero de ese mismo año y en el que se descartaba comprar los terrenos y en el que se establecía que se compensarían los derechos de los propietarios con una reasignación de sus derechos urbanísticos.

De esta contradicción, según la Fiscalía, eran conscientes los que por aquel entonces eran portavoces municipales del PP y del PSC, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, respectivamente.

En ese pleno, además, se aprueba la modificación y ampliación del presupuesto para hacer frente a la compra.

108 millones de plusvalía

Pero la Fiscalía Anticorrupción va más allá y cuestiona, incluso, la necesidad que tenía el ayuntamiento de comprar los terrenos del frente de playa.

La Fiscalía cree que algunas de esas parcelas eran ya de dominio público, además de que algunas también estaban dentro del deslinde de dominio público de costa, por lo que tampoco habría hecho falta adquirirlas. Además, existía un convenio firmado en 1986 por el que los anteriores propietarios de los terrenos cedían a la corporación parte de esos terrenos.

La investigación asegura que el ayuntamiento no sólo pagó por lo que quizá no tenía que pagar, sino que además impulsó el rendimiento de los terrenos que quedaban en manos de los propietarios, haciéndoles ganar enormes plusvalías. Según la Fiscalía, este suelo pasó de tener un uso hotelero a otro residencial por el convenio de 2001.

Esa modificación del planeamiento permitió a los propietarios obtener un beneficio de no menos de 90,15 millones, que, unidos a los 18 millones que se ganaron en la venta al ayuntamiento, elevó el beneficio obtenido a 108 millones.

Recuerda la Fiscalía que ese dinero se obtuvo sin que los propietarios pusieran "una peseta".

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