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El consejero de la Audiencia de Cuentas responsable de elaborar el informe de fiscalización sobre la gestión del Tesoro entre 1996 y 2003, Juan Marrero Portugués, volvió a comparecer ayer ante la comisión de investigación del Parlamento que analiza este asunto y frente a lo que ocurrió la vez primera, sí que aceptó responder a las preguntas de los diputados. Y lo hizo fundamentalmente para dejar claro que en ningún momento apreció indicios de delito penal o responsabilidad contable en la actuación de los responsables del Tesoro y que considera que "no tenían razón" los dos técnicos auditores que sí que advirtieron por escrito que podían existir esos indicios.
Los escritos de los técnicos se registraron los días 2 y 3 de febrero de 2004, tras presentarse el primer borrador del informe. Al día siguiente, ese borrador se retiró ya que, según explicó ayer Marrero, apareció nueva documentación fundamental que modificaba sustancialmente el contenido del informe.
Aunque el diputado José Alcaraz expresó ayer la extrañeza por esta coincidencia en las fechas, el consejero auditor insistió en que el borrador no se retiró por los escritos, sino por la nueva documentación aparecida.
Uno de los técnicos había pedido a la Secretaría de la Audiencia de Cuentas un informe jurídico sobre esos posibles indicios que nunca se hizo. El otro, que fue el encargado directo de elaborar el informe, se dirigió directamente a Marrero para comunicarle su opinión. El consejero señaló ayer que considera que esa advertencia no tenía la suficiente entidad para ser contestada, porque fue presentada fuera de lugar, porque no cabía "una afirmación tan rotunda", y sobre todo porque quedó sin valor al retirarse el borrador inicial. En todo caso, aseguró que a él le sirvió para estar siempre "ojo avizor" sobre la existencia de posibles indicios de responsabilidad contable que finalmente nunca aparecieron.
En las fases siguientes del trabajo, Marrero reiteró que nadie más volvió a alertar de posibles indicios, ni tan siquiera verbalmente. Por esa razón, nunca se envió el informe a la Fiscalía, tal y como decidieron todos los miembros del pleno de la Audiencia de Cuentas.
El consejero auditor aseguró también que no le interesa saber lo que ha pasado en el Tribunal de Cuentas con ese informe, ya que aseguró que su trabajo en este asunto está cerrado, y considera que con la máxima diligencia.
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