El acuerdo con el inquilino expropiado permite zanjar el "caso Parlamento"

HUMBERTO GONAR, S/C de Tenerife

La comisión mixta formada por representantes del Gobierno y del Parlamento canarios para alcanzar un acuerdo extrajudicial con los legítimos propietarios de los tres inmuebles utilizados en la ampliación de la Cámara en virtud de la ley inconstitucional aprobada en 1992 ha cerrado un acuerdo verbal con el último afectado por esta expropiación, quien, a su vez, era el único inquilino y, por ende, no propietario que vio cómo donde tenía su negocio de La Flor del Líbano se erigió un bloque en el que se alternan las oficinas de los grupos parlamentarios con las de determinados servicios de la Cámara.

El acuerdo con el último de los damnificados por el denominado "caso Parlamento" se eleva a 1,989 millones de euros, una cuantía que está a mitad de camino entre los 3,19 millones que reclamaba el inquilino y los 1,2 millones que le ofreció la comisión mixta inicialmente.

Esta negociación permitirá zanjar un pleito que puso en manos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la continuidad de sus señorías en los despachos de grupos parlamentarios que se localizan donde estuvieran los edificios número 44 y 46 de la calle del Castillo, así como en el 5 de Teobaldo Power.

Los dueños de las tres fincas expropiadas encontraron amparo a sus reivindicaciones en el Tribunal Constitucional (TC), después de que declarara en marzo del año pasado la nulidad del artículo primero de la Ley 2/1992 al entender que no justificaba por qué se expropiaban esos inmuebles y no otros de la manzana.

Como si de un castillo de naipes se tratara, una vez "cayó" la ley por una cuestión de inconstitucionalidad, el TSJC anuló los decretos dictados al amparo de la referida sentencia y en los que se justificaba la urgente ocupación de los edificios para incorporarlos al patrimonio público. Los afectados, los herederos de Julia López Ruiz de Arteaga, Guillermo y Julio de la Barreda -propietarios de dos edificios-, su inquilino de La Flor del Líbano, representado por Abbas Moujir, y los dueños del otro inmueble, Aciscla Melián, viuda de Luis Adolfo Gómez Lara, y Mohamed Hassan Moujir, llegaron a pedir al TSJC la restitución de sus fincas, de las que se han visto privados desde hace casi catorce años.

Primer paso.- La cuestión de inconstitucionalidad de la ley, promovida en 1993 primero por el inquilino, y secundada meses después por los hermanos De la Barreda (también se personaron luego los dueños del 46 de la calle del Castillo), fue admitida por el TSJC, que la elevó al Tribunal Constitucional, que la anuló.

A falta de que el inquilino reciba el acta que formalice el acuerdo extrajudicial con la Administración y a la espera de que las tres negociaciones se traduzcan en ingresos en las cuentas bancarias de los afectados, ya se puede hacer una valoración de lo que ha costado esta ley a la carta. En total, las arcas autonómicas deberán desembolsar 15,5 millones, resultado de la suma de los casi 10 millones que percibirán los hermanos De la Barreda, los 3,4 comprometidos a los dueños del número 46, representados por Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y los 1,989 millones comprometidos al inquilino.

Al cómputo total de 15,5 millones hay que sumar los más de dos millones de euros pagados a los clientes de Miguel Cabrera como justiprecio hace 10 años, lo que elevaría el coste final de la ley inconstitucional a 17,5 millones, sin los intereses devengados desde entonces.