Santa Cruz de Tenerife
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ELIGIO HERNÁNDEZ EX FISCAL GENERAL DEL ESTADO

"Es imposible que el Gobierno imponga una orden política a la Fiscalía"

NACHO MARTÍN, Tenerife
16/dic/06 18:29 PM
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La apertura de diferentes investigaciones en Canarias por casos de presunta corrupción urbanística, las dos últimas en Santa Cruz de Tenerife, ha colocado en primer plano de la actualidad las actuaciones judiciales y ha suscitado críticas en los partidos afectados por una supuesta utilización política de la Fiscalía.

El ex fiscal general del Estado durante la última etapa de los Gobiernos de Felipe González, Eligio Hernández (El Pinar, 1947), rechaza que haya oportunismo electoral en estas investigaciones y niega que, tal y como han denunciado afectados como el alcalde de la capital tinerfeña, no se han vulnerado los derechos de nadie puesto que, en el "caso Las Teresitas", "hay una investigación abierta por la Fiscalía y, de momento, no un procedimiento judicial".

En su despacho profesional de Santa Cruz, Hernández hace memoria de su propia experiencia como fiscal general, también cuestionada por algunos sectores, cuestionamiento que asume, y niega toda posibilidad de instrumentalización de los fiscales por parte del Ejecutivo. "Yo tomé decisiones que provocaron la caída del Gobierno de Felipe González", asegura.

-Esta semana impartía usted una conferencia sobre la Justicia en los casos de corrupción...

-Estos temas son desconocidos también por los propios operadores jurídicos y eso lleva a dar opiniones incorrectas.

-Algunas de esas opiniones han llevado a algunos de los posibles afectados a denunciar que se vulneran sus derechos...

-Zerolo (Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife) se ha quejado de que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por una investigación del fiscal, de la cual no se le ha dado conocimiento y no ha podido ejercitar su derecho a una defensa, pero es que no ha sido investigado hasta ahora. No ha habido una investigación dirigida contra él personalmente. La fiscal llevaba a cabo una investigación, pero eso no es un procedimiento judicial. El fiscal no es el instructor de la investigación penal, que es el juez. Mientras la investigación no se lleve a una sede judicial, no es una investigación que se dirija a una persona determinada. No han podido pincharse teléfonos, ni se han hecho registros... porque eso sólo lo puede hacer un juez. El fiscal ha pedido documentos, expedientes que son públicos. No ha vulnerado ningún derecho fundamental.

-Y el final de esta investigación podría ser el archivo, denuncia o querella...

-Si el fiscal formula una querella, que es lo que se dice que sería en este caso, es porque considera lógicamente que los datos que ha recabado en la investigación él cree que pueden ser indicios de delito. La querella es, digamos, el instrumento procesal técnicamente más importante que el fiscal utiliza para ejercitar la acción penal.

-Usted ha sido fiscal general y como tal conoce los entresijos de la Fiscalía, cuya independencia ha sido puesta en entredicho...

-La respuesta es rotundamente negativa. Es imposible porque si el fiscal quisiera llamar a Garzón para que se inhiba, bueno es Garzón para eso. Nadie es lo suficientemente torpe políticamente. En cuanto al fiscal general, el Gobierno no puede ordenarle nada y si él da a un fiscal una orden, aunque sea legal, éste tiene amparo para no obedecer si cree que no es ajustada a derecho. Y en ese caso el fiscal general debería convocar a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. La carrera fiscal es mayoritariamente conservadora, por lo que un fiscal general socialista tiene que hilar muy fino. Además, la Fiscalía no ha actuado en el caso de Las Teresitas de oficio. Yo mismo, cuando fui fiscal general, decidí reactivar el caso de los GAL y yo sabía que eso podía perjudicar al Gobierno, y le perjudicó, porque perdió las elecciones, a pesar de eso he pasado a la historia como el que fue más manipulado.

-En cualquier caso, ¿no cree que el candidato del PSC a la presidencia del Gobierno debe dejar de ser ministro?

-Es un tema político y se quiere mezclar las cosas. Me parece bien que CC haga una crítica política, porque no existen incompatibilidades legales, pero mezclar ambos asuntos es lo que no es correcto, decir que utiliza la Justicia electoralmente no está bien.

-Algunas voces se han elevado asegurando que podría haber trato de favor hacia imputados juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias...

-La Sala de lo Civil y de lo Penal está compuesta por magistrados profesionales y aunque una de sus miembros haya sido elegida tras una terna del Parlamento, no lo creo. Incluso podría ser mejor porque la juez de instrucción número 5 a la que le ha tocado la inhibición de Garzón tiene 4.000 asuntos y si le toca uno de estos no puede ser diligente. Sin embargo, el magistrado del TSJC que se designe tiene dos o tres asuntos, el del marqués de La Oliva, el de Dimas Martín y poco más. El aforamiento redunda en beneficio de la eficacia.