Que Tenerife no tenga que lamentarse

HA SIDO UNÁNIME la reacción favorable a nuestro Editorial de ayer. No nos sorprende que hayamos dado en la diana de los sentimientos populares porque nos inspiramos en un lema que no falla: la defensa de Tenerife. Y, aunque nos tachen de pesados, reiteramos que no tenemos nada contra las ideologías del PP o del PSOE, pero vemos que se aproxima una dictadura, que además será vengativa; el pueblo de Santa Cruz y el de la Isla entera lo sabe y por eso está atemorizado y tendrá mucho cuidado con lo que va a votar en mayo de 2007. Porque quienes manden a partir de esa fecha serán quienes les cobren unos impuestos que pueden emplearse para engrandecer más a Las Palmas.

Ahora se ve el engaño en el que han estado los políticos tinerfeños de Coalición Canaria (CC) respecto a sus correligionarios de la isla redonda. Han logrado que se invirtiera allí la mayor parte de los presupuestos para crear infraestructuras; han visto cómo dejaban a los partidos estatalistas arrebatar a Tenerife numerosas entidades y sedes que estaban aquí y, encima, han dejado en sus manos un arma de propaganda tan poderoso como la televisión, concretamente de las dos cadenas públicas del Archipiélago. Y si fue sorprendente el amago de amenaza que se produjo desde esos sectores políticos hacia los participantes en la manifestación a favor de una ley de residencia en Canarias, ahora, los mismos lanzan un aviso similar para quienes se opongan a su estrategia para ganar las próximas elecciones. Y no somos más explícitos no vayamos a caer entre quienes ellos amenazan con llevar a los tribunales, pero sí decimos que esa actitud ya es en sí una muestra de esa dictadura de los poderosos partidos que tienen sus mandos en Las Palmas, que puede llegar.

Si alguien se pregunta por qué el candidato natural del PSC a presidente del Gobierno de Canarias, su secretario regional, Juan Carlos Alemán, ha sido apartado de esa aspiración lógica que tenía para dejar paso al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, la explicación es muy sencilla: porque en ese partido, aunque sea para un asunto canario, las instrucciones se dan desde Madrid. Y ¿por qué, hace unos días, su compañero Hernández Spínola, diputado regional por Tenerife, dijo que había que dar la vuelta como a un calcetín al asunto de la cocapitalidad de Canarias? Sus aclaraciones posteriores no nos valen, no es sino el gallo que cacarea porque amanece. En realidad, actúa como el peón que obedece a sus jefes porque son éstos los que deciden la estrategia. Es la sumisión ciega a Las Palmas, la cual se sabe que obtiene en Madrid lo que desee, arrebatándoselo a Tenerife y a otras islas. Así no hay confianza posible en un partido, por muy buena que pueda ser su ideología.

¿Y no es también una muestra de esa obediencia lo ocurrido en La Laguna con los candidatos socialista y popular, cuando niegan que la ciudad sea físicamente una sola con Santa Cruz y rechazan la necesaria fusión, a pesar de que la capital ofrece todas las garantías para que cada una conserve su esencia y existencia, su personalidad, sus representaciones y hasta las distinciones que rotulan sus escudos municipales? ¿Acaso no sería la fusión lo que impediría que Las Palmas y su Sanedrín se apoderasen de la capital única del Archipiélago? ¿No alegan en su favor el número de habitantes y la fuerza económica, gran parte de la cual se debe al asentamiento en su ciudad de las sedes que le han arrebatado a Santa Cruz de las tres fuentes principales de ingresos por lo que se consume en Tenerife y el resto de Canarias?

En definitiva, el objetivo final de estos movimientos que se están produciendo no es otro que arrebatar a Santa Cruz la condición de cocapital de Canarias. Pero nosotros decimos que si algún día, como consecuencia del cumplimiento de alguna ley aprobada en las Cortes, fuera obligado retomar la capitalidad única para estas Islas, deberá volver a la ciudad que ya la ostentó en el pasado: Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla mayor, más poblada, más importante en todos los aspectos y con mayor peso específico en todas las balanzas.

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Si el Estatuto de Autonomía de Canarias nuevo, que ha llegado al Congreso de los Diputados, ha de ser aprobado con las tres mentiras que contiene, que son otros tantos robos a Tenerife, es mejor que se quede varado allí de forma permanente. Por el bien del Archipiélago. Los diputados regionales de CC y el PSC de Las Palmas que votaron a favor del texto actuaron con la lógica de defender los intereses de su isla, pero los de CC y PSC de Tenerife deben meditar lo que han hecho y no perjudicar más a la isla que los ha elegido.