El fiscal pide mantener sólo la imputación a Barreda y Quevedo en el "caso Turismo"

EL DÍA, S/C de Tenerife

Cuatro meses después de que se produjeran las primeras detenciones relacionadas con la supuesta trama en la Consejería de Turismo de cobro de comisiones ilegales por autorizar la apertura de agencias de viaje, el procedimiento legal que se sigue por esta causa está a punto de clarificarse y se espera que la semana que viene la jueza instructora, María Victoria Rosell, tome una decisión definitiva sobre las imputaciones y sobre el futuro de la causa judicial.

Ayer se volvió a producir la comparecencia de todos los imputados en el juzgado, y al término de la sesión el fiscal encargado de este asunto decidió pedir el sobreseimiento de las imputaciones que pesaban sobre tres de los trabajadores de la Consejería, y mantener las que se habían hecho a los dos principales acusados en la trama: el funcionario Enrique Barreda y su cuñado, Pedro Quevedo.

Según explicó el miércoles el consejero de Turismo, Manuel Fajardo, en el Parlamento, el auto de fecha 26 de octubre de 2006 de la jueza acordó transformar las diligencias previas por este asunto en procedimiento ante el Tribunal del Jurado, al deducirse como resultado de las investigaciones llevadas a cabo indicios reveladores de delitos de cohecho, fraude, y exacciones ilegales, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por el principal imputado, Enrique Barreda, en su condición de jefe de Negociado de Agencias de Viajes, así como la posible participación de otros funcionarios públicos o personal laboral de la Consejería de Turismo auxiliando al anterior en la presunta comisión de tales delitos, o interviniendo directamente como autores de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos o expedientes públicos a su cargo.

Además, se imputaba inicialmente a dos personas que no eran funcionarios, entre ellos Pedro Quevedo, por su presunta participación en los delitos anteriores y la comisión de numerosas estafas en connivencia con Enrique Barreda Alemán, pudiendo además, pese a su condición de particulares, cometer los delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos, y fraudes y exacciones ilegales. Además, a Quevedo se le imputaba un presunto delito de usurpación de funciones públicas y, junto a Barreda, de delitos de estafas a empresas del sector y presunta falsedad documental.

El fiscal considera ahora, sin embargo, que las imputaciones definitivas deben centrarse únicamente en Barreda y Quevedo, mientras que el resto, si así lo confirma la jueza la semana que viene, quedarían sin cargos.

Por su parte, el Gobierno canario podría ser declarado responsable civil subsidiario de lo ocurrido si así lo confirma también la jueza, aunque fuentes del Ejecutivo señalaban ayer que ya se esperaban esta situación, que suele ser habitual en casos de este tipo.

Mientras tanto, se sigue a la espera de que la Consejería de Turismo dé a conocer los resultados de la investigación interna encargada a la Inspección General de Servicios, y que debería despejar muchas de las dudas que todavía rodean a este caso, sobre todo en cuanto a la actuación de los propios responsables del departamento al conocer lo ocurrido.