El ex interventor confirma anomalías en el Tesoro y trabas a la inspección interna

E.C., S/C de Tenerife

El ex interventor delegado de la Dirección General del Tesoro, Antonio Llamas Bravo de Laguna, confirmó ayer ante la comisión de investigación del "caso Amorós" en el Parlamento canario una serie de anomalías en la gestión que detectó durante su etapa en el cargo que, no obstante, dejó al cabo de un año desde su toma de posesión porque, según reconoció ayer, encontró numerosas trabas a la labor de inspección interna que tenía que llevar a cabo, y no vio apoyo ni de la Dirección General del Tesoro ni de la Intervención General de la Comunidad autónoma a los informes en los que denunciaba esa situación.

Las anomalías que detecto el ex interventor delegado durante 2001 se refieren a varias cuestiones que después ha confirmado la propia Audiencia de Cuentas, entre ellas el "desbarajuste" que existía con las cuentas corrientes del Gobierno cuya gestión está encomendada al Tesoro. Además, cuando él pidió a los propios bancos información sobre las cuentas bancarias existentes, en algunos casos, como el BSCH y el BBVA, le informaron que el director del Tesoro, Alberto Amorós, les había comunicado que no proporcionaran esos datos, ya que debía ser él mismo quien informara a la intervención general. Meses más tarde, sin embargo, los datos seguían sin llevar.

De algunas de las entidades bancarias, no obstante, sí que llegaron datos, como de la Caja Insular de Ahorros, que puso de manifiesto que había abiertas más de 800 cuentas en ese momentos, muchas de ellas sin cumplir los requisitos obligatorios para su correcto funcionamiento

Llamas también habló de la falta de conciliaciones bancarias detectada por la Audiencia de Cuentas y se mostró de acuerdo en que pudo suponer un menoscabo de los fondos públicos, igual que la falta de ingresos por rendimientos de determinadas cantidades. Además, cuando el portavoz popular, Jorge Rodríguez, considera que deberían haberse incluido en las arcas públicas las contraprestaciones de los bancos por el convenio de 1996, el ex interventor consideró que son recursos públicos de los que el Tesoro no podía disponer libremente.