COLPISA, Madrid
El apoyo de los grupos minoritarios no siempre es suficiente. El PSOE pretende aprovechar el último trimestre del año -antes de que las elecciones municipales contaminen aún más el ambiente- para intentar un acercamiento con el PP. El portavoz del partido en el Congreso, Diego López Garrido, desea que los populares apoyen la futura Ley de Atención a la Dependencia y la de Igualdad. Pero más allá de eso, busca un acuerdo que le permita desbloquear la renovación del Consejo de Administración Radiotelevisión Española, pendiente desde hace más de dos años, y salvar la del Consejo General del Poder Judicial, que en noviembre debe elegir a sus veinte nuevos componentes. El panorama, según admiten los socialistas, resulta poco halagüeño. Sólo hay un proyecto en el que el dirigente del grupo parlamentario se muestra realmente esperanzado: la reforma de la ley de financiación de partidos.
Este proyecto es una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia. Legislatura tras legislatura, desde hace ya al menos cuatro, se ha ido aparcando por falta de acuerdo. En 1997 las dos grandes formaciones estuvieron a punto de sacarla adelante pero las conversaciones fracasaron en el último momento, según los socialistas, porque los populares pretendían hacer de las fundaciones como "Faes" o "Alternativas" una vía para la captación de recursos y, según los populares, porque sus entonces socios de Gobierno, CiU y PNV, se negaron a aceptar la prohibición de las donaciones anónimas.
La propuesta que ahora está sobre la mesa parte de una iniciativa de ERC para aumentar las partidas públicas, suprimir las donaciones anónimas y limitar las aportaciones privadas a 30.000 euros por año o el 5 por ciento del presupuesto anual del partido.
López Garrido asegura que el acuerdo en esta ocasión es factible. Es más, confía en poder aprobar el nuevo texto antes de final de año. "La izquierda cede porque permitirá las donaciones privadas y la derecha también porque aceptará las exigencias de mayor transparencia", argumenta. El PP también se muestra optimista.
Los jueces
Lo que no resultará tan fácil será la elección del nuevo gobierno de los jueces. Los vocales se eligen por mayoría de tres quintos en las Cortes Generales y eso da al partido opositor una capacidad de bloqueo que ha generado problemas en otras legislaturas. Los socialistas están convencidos de que el PP no pondrá las cosas fáciles porque, en la actualidad, la mayoría del CGPJ es conservadora y en lo que va de legislatura ha puesto en más de una situación incómoda al Gobierno con informes que, no sólo no eran preceptivos, sino que nadie había reclamado. Dos de los ejemplos más sonados se referían al Estatuto de Cataluña o al matrimonio homosexual.
El portavoz del grupo parlamentario socialista hizo recientemente un primer tanteo con su homólogo popular, Eduardo Zaplana, pero no sacó nada en claro. De hecho, apenas pudo arrancarle algo más de un "ya veremos". En el PP aseguran, sin embargo, que son conscientes de las repercusiones que tendría mantener un Consejo en funciones durante un tiempo indefinido. El mandato del actual concluye el 7 de noviembre; pero también fue elegido con muchas dificultades y después de casi un año de desacuerdos.
"As" en la manga
Tampoco parece el primer partido de la oposición dispuesto a facilitar la renovación del Consejo de Administración de RTVE, que debería haberse llevado a cabo tras las elecciones de 2004. En la actualidad, el primer partido de la oposición goza de mayoría en este órgano, en el que cuenta con 6 miembros, el PSOE tiene cuatro consejeros y CiU y Coalición Canaria uno cada uno.
En este caso, no obstante, los socialistas se guardan un "as" bajo la manga. La Ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal -que entró en vigor el pasado mes de junio- contiene una disposición transitoria que establece que si no se alcanza la mayoría necesaria de dos tercios para la designación del Consejo, se repetirá la votación en el plazo de dos meses y el Congreso de los Diputados podrá elegir a sus miembros por mayoría absoluta.
La disposición, que es válida sólo para la elección del próximo consejo administrativo (el primero desde la aprobación de la ley), fue introducida por el grupo socialista en el texto remitido por el Gobierno a las Cortes y pasó inadvertida para la mayor parte de los grupos.
La negociación con el Partido Popular, por tanto, no ha empezado pero el portavoz de los socialistas en el Congreso se muestra tranquilo y asegura que en enero, por fin, habrá cambio.
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