Una ley que nada aporta y sin modelo

Las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con la planificación y ordenación del territorio son, con frecuencia, motivo de encendida polémica en el Archipiélago. En ese contexto, la entrada en vigor el pasado 21 de julio de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente no ha estado exenta de discusión, tanto por su verdadera utilidad en un ámbito como el canario, como también por las bondades que supuestamente introduce en la maraña de documentos legales.

Con la intención de aclarar posturas y acercar al ciudadano de a pie la realidad que encierra esta nueva normativa, EL DÍA convocó alrededor de su mesa de debate a varias voces autorizadas en el asunto, ya desde instancias técnico-administativas, como desde un ámbito más conceptual.

A manera de conclusión, los contertulios subrayaron, de un lado, que la tan cacareada ley de evaluación ambiental no aporta ningún elemento novedoso al ordenamiento del que ya está dotada nuestra Comunidad autónoma y, de otro, que desde una posición autocrítica se hace necesario reinventar el modelo urbanístico, invirtiendo el discurso de las leyes por el de las actuaciones, además de abogar por un compromiso unánime y decidido, por una nueva cultura del territorio.

El director general de Urbanismo, Rafael Castellano, destacó sobre la nueva ley, tras repasar la historia legislativa del Archipiélago en materia medioambiental, que "se da la circunstancia de que en Canarias estamos legislando en esa misma línea desde hace años" y que, en consecuencia, la norma "no aporta nada nuevo".

El consejero de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo, Wladimiro Rodríguez Brito, manifestó su "alergia" a las leyes y señaló que el nuevo texto viene a aumentar "la gran inflación de normas que existe sobre un territorio muy limitado y que sufre un crecimiento poblacional tremendo", complicando la gestión, "y lo que es peor, dudo que contribuyan a que se proteja mejor el territorio".

Esta postura la compartió Virgilio Gutiérrez, presidente de la demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, quien afirmó que "las leyes van por detrás de los acontecimientos", ya que a su juicio existe legislación suficiente "como para haber sido aplicada con rigor y haber evitado la situación de excesiva burocratización y complejidad teórica con que nos encontramos". Para Gutiérrez el fin "debe ser la ordenación y la protección de los recursos y eso se está difuminando entre una maraña legal".

Respecto a esta cuestión, Rodríguez Brito dijo que, "sin duda, la legislación es uno de los ejes principales dentro de la ordenación territorial y el medio ambiente, pero la realidad, en ocasiones, no se ajusta a ese planeamiento". En este sentido, "lo preocupante es que no se haya establecido cuál es nivel de protección para que un suelo que tiene valor agrícola no se urbanice sino por una situación de causa mayor".

El presidente del Colegio de Arquitectos pone el acento en el fuerte crecimiento poblacional al que está sometido el Archipiélago, subrayando que "estamos obligados a definir cuáles son nuestras aspiraciones en cuanto a la ordenación y, una vez sabido esto, tener clara la legislación que se necesita. Pero aquí lo hacemos al revés y el ejemplo es claro, ya que nos cansamos de hablar de sostenibilidad y no nos cansamos de ver cómo se aprueban disposiciones que permiten todo lo contrario".

En este punto, Rafael Castellano considera que, a grandes rasgos, todos conocen la Ley de Directrices y los conceptos que se recogen en ella y señala que "están en sintonía con los objetivos que ahora plantea Europa de conservación y respeto medioambiental y también de sostenibilidad del crecimiento." Pero hace hincapié en que el conjunto de normas que se han venido aprobando desde los años 80 en las Islas han significado que la ordenación del territorio no sea una técnica por la cual se establecen parámetros para que se pueda ejecutar una actuación, sino que la variable ambiental sea básica para que se pueda llevar a cabo.

"En un territorio de 7.000 kilómetros cuadrados en el que tienen competencias Bruselas, Madrid, el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos hace que cualquier acción se complique notablemente", afirmó Rodríguez Brito, que además señaló su preocupación por el hecho de que "no se trata sólo del marco legal, sino que hay que tener en cuenta que la economía de numerosos municipios está relacionada con los procesos de urbanización, lo que complica la gestión, ya que los déficit que se generan cuando se ve el suelo como parcela para urbanizar inciden directamente en el medio".

Financiación y pautas

Por su parte Virgilio Gutiérrez expuso que "en este marco confuso, sin la existencia de un modelo pactado, llama la atención que el Gobierno afirme que en Canarias hemos sido precursores y, en lugar de atender la realidad de crecimiento en la que nos encontramos, nos vemos con una serie de cuestiones que se podían haber evitado con una serie de incidencias".

Por alusiones, el director general de Ordenación Territorial interviene para comentar que "lo que se ha dicho me gustaría sintetizarlo diciendo que en las Islas se debe crear una cultura territorial ampliamente extendida, porque tenemos una legislación a una altura y unos estamentos políticos que están a otra".

Para Rodríguez Brito la cuestión fundamental se ha de centrar en que "no se puede hablar de un marco legal como una mancha de tinta sobre un papel, cuando representa un coste económico del que se suele hablar poco, y así, el ciudadano de a pie tiene un mal concepto de este marco legal en el que estamos metidos una serie de administraciones" y enfatiza en la necesidad de que "los canarios entiendan que las normas pueden contribuir a que el futuro pueda ser mejor gestionado".

Asimismo, Virgilio Gutiérrez quiso insistir en la idea de que "se debe hablar de modelos y ser autocríticos, puesto que aunque se han hecho algunas cosas bien, el modelo urbanístico deja bastante que desear; sólo hay que coger cualquier camino y fijarse." Y contestando a la falta de claridad financiera, el responsable del Colegio de Arquitectos opinó que "si a una Ley como la de Directrices, cuando plantea un objetivo como el de la rehabilitación para limitar la ocupación del suelo no se le dota técnicamente con nada, ¿para qué sirve?".

Es el turno de Rafael Castellano y se le acumulan las cuestiones a debatir: "Yo considero que no se trata de demonizar el marco legislativo. Afortunadamente, además de la Ley de Espacios Naturales, ha habido más legislación que nos ha ayudado, aunque es cierto que ahora tendríamos que centrarnos en sintetizar". Para el representante del gobierno canario, el principal problema radica en el hecho de que "el marco legal está claro, los contenidos también, pero hay que ver cómo se lleva eso a cabo, ya que tenemos unos modelos territoriales contrapuestos a lo que pretende la legislación".

En este sentido, explica que con el paso de los años se han ido creando unos derechos que ahora, los estamentos políticos se ven en la tesitura de limitar y "esto es complicado decírselo a un alcalde, ya que si debe empezar a restringir suelo urbano de asentamiento rural para convertirlo en suelo rústico protegido, es colocarle la soga al cuello, ya que el ciudadano difícilmente lo entiende". De ahí que opine que gran parte de los problemas medioambientales se resolverían con una cultura amplia.

"A mí lo que me preocupa es que con tanta ley como hay, el medio ambiente se está quedando como un marco teórico, pero se vive de manera diferente a la que se habla", apunta el consejero del Cabildo de Tenerife. "Pues a mí me parece penoso que perdamos tanto tiempo hablando de legislación y no se afronte la concentración de personas de múltiples culturales para lo que no estamos haciendo absolutamente nada, sino transformar espacios urbanos en guetos", señala Virgilio Gutiérrez.

De nuevo Rodríguez Brito toma la palabra para comentar que, desde su punto de vista, el modelo de estos años no puede continuar porque este territorio está llegando al límite: "¿Ese modelo qué va a dejar para las próximas generaciones?", se pregunta.

De nuevo el representante del Gobierno insiste en que "hay que empezar a invertir decididamente en la sedimentación de una cultura con el fin de que la gente entienda que no podemos seguir así, especialmente los ayuntamientos".

Virgilio Gutiérrez se muestra de acuerdo, pero añade que "pese a que hay cuestiones bien hechas, no se ponen en marcha. ¿Por qué?".

Según Wladimiro Rodríguez, "se ha creado una cultura de la ciudad para el campo en donde el campesino es un elemento peligroso y, entonces, decidimos que la sostenibilidad se define por que los campesinos sean jardineros, pero tampoco los encontramos".

La respuesta -dice Castellano- está en "cómo conciliamos un modelo que respete el suelo rústico y el medio natural con un modelo de calidad de vida, en una cultura en la que cada metro cuadrado es nuestro y la ley dice que no puedo hacer aquí lo que quiera. Además, está presente un mundo empresarial, que batalla cada euro y para el que cada metro cuadrado tiene un valor al que intenta sacar el máximo partido. ¿Cómo conjugamos esto con el hecho de que si los políticos ponen freno a esto saben que durarán tres días? Teorizar es fácil, pero la cuestión cómo le ponemos el cascabel al gato".

Texto: G. Maestre y S. Lojendio Fotos: Santi Delgado