Finalmente, Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional, ganó la elección presidencial mexicana, pero por menos de medio punto y, como era de esperar, su contrincante de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha impugnado el resultado y pide un nuevo recuento de "todos" los votos.
El fantasma del espectáculo en que derivó en noviembre de 2000 la presidencia norteamericana (Bush contra Al Gore) planea sobre México y es una ominosa perspectiva porque todo el mundo está de acuerdo en que el país, la sociedad y los hábitos políticos nacionales no son una garantía de moderación y respeto mutuo. La manifestación convocada para el sábado por el perdedor no es un buen augurio.
Lo de los Estados Unidos concluyó meses después con una discutida sentencia del Tribunal Supremo pero con la seguridad de que desde que Al Gore dijo que se conformaba con el resultado -contra la opinión de algunos de sus consejeros- el asunto había concluido. Ni siquiera pudo ser utilizado contra Bush cuando se representó cuatro años después y los estrategas demócratas abandonaron toda veleidad de atacar al "presidente mal elegido".
López Obrador está en su derecho de impugnar el resultado porque menos de medio punto de desventaja lo justifican ampliamente. De haber sido al revés, Calderón habría hecho lo mismo y también se le reconocería su derecho. Otra cosa es que el hecho, sin precedentes en la historia mexicana, pueda ser fácilmente digerido por el gran vientre nacional, lo que en el caso norteamericano era seguro.
En efecto, los Estados Unidos de México han pasado en tres periodos presidenciales de una vulgar dictadura electoral con el sistema bajo estricto control del antiguo partido-Estado, el PRI) a una genuina democracia. En 1988 se birló burdamente la victoria al candidato del PRD Cuauhtémoc Cárdenas y después dos hombres del PAN, Vicente Fox y su eventual sucesor Calderón, han ganado.
El PRI es ahora el gran derrotado y parte de su hueste ha votado por López Obrador, quien empezó su carrera, como medio México, en el gran partido institucional "revolucionario". Desde que el presidente Zedillo entregó el control de las elecciones al solvente Instituto Federal Electoral se acabaron el robo y el apaño de votos pero no la posibilidad de que por cuarenta centésimas un candidato bata a otro. El escenario derivado de esa situación es el gran desafío del país ahora.
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