COLPISA, Madrid
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrirá el próximo 7 de junio un expediente disciplinario contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo por la excarcelación, el pasado 10 de mayo, de Saed el Harrak, uno de los 30 procesados por su presunta participación en la masacre del 11-M.
El magistrado se olvidó de prorrogar la prisión preventiva de El Harrak antes de que se cumpliesen los dos años de encarcelamiento provisional del procesado, el plazo máximo que permite la ley, lo que obligó a ponerlo en libertad.
El jefe de la Inspección del CGPJ entregó ayer a los miembros de la Comisión Disciplinaria un informe de casi 500 páginas en el que propone que la actuación de Del Olmo sea calificada como una falta muy grave de desatención en la tramitación de los procedimientos judiciales.
El documento considera que el error se produjo porque el magistrado carece de "un sistema de control efectivo que garantice la adecuada vigilancia de los plazos y límites temporales de las situaciones de prisión provisional".
La infracción concreta por la que se abrirá el expediente sancionador -falta grave o falta muy grave (como propone la Inspección)- contra Del Olmo, la decidirán el 7 de junio los cinco vocales de la Comisión Disciplinaria, en la reunión que celebrarán a tal efecto.
El expediente disciplinario será instruido por un magistrado, que realizará diligencias y recibirá informes del Ministerio Fiscal y del afectado antes de presentar una propuesta concreta de sanción. La sanción definitiva será discutida y acordada por el pleno del CGPJ, terminado el expediente, y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La faltas muy graves pueden ser reprendidas con un amplio abanico de sanciones, según la importancia de la infracción: la suspensión de empleo del juez de un mes a tres años, el traslado forzoso a un juzgado situado a más de 100 kilómetros e, incluso, la separación de la carrera judicial.
La primera sanción conlleva, al igual que las dos siguientes, la pérdida del destino siempre que la suspensión se acuerde por un plazo superior a seis meses, lo que obliga al sancionado a presentarse en el momento de su reincorporación a un concurso de traslados.
La Comisión Disciplinaria, que es quien decidirá la infracción por la que se abre el expediente, está compuesta por dos vocales del sector progresista, por dos conservadores y por el independiente Agustín Azparren.
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