HUMBERTO GONAR, Tenerife
Los empresarios Ambrosio Jiménez y Antonio Plasencia (la presencia de éste último en la operación se conoció ayer) ultiman con los propietarios de dos de las tres casas expropiadas ilegalmente por el Parlamento en 1992 la compra de estas fincas, que desde 1999 forman parte de la zona ampliada del edificio noble de la Cámara y acogen las oficinas de los grupos parlamentarios.
La operación se podría cerrar hoy o mañana, pues los documentos de la compraventa, redactados por Martín Orozco, uno de los letrados de Antonio Plasencia, se entregaron en la mañana de ayer a Eugenio González Pérez, abogado de la familia De la Barreda, para su estudio. Salvo imprevistos de causa mayor, el volumen de la operación se elevará a 10.217.205,77 euros a favor de los hermanos De la Barreda.
Ayer, el abogado de los empresarios ofertó al letrado de los dueños de la otra casa de las tres que fueran expropiadas otra propuesta, que pasaría por un aval de 4.207.084,73 euros cuyo desembolso estaría condicionado a que los tribunales obligaran a la restitución del bien que le reconoce de su titularidad. El letrado de esta parte dijo que la oferta recibida no beneficia a sus clientes en nada, "por lo que preferimos seguir negociando con el Gobierno, al que se le pide 5.499.260,76 euros".
Los contactos de los empresarios se han limitado a negociaciones con los legítimos propietarios, sin que hasta la fecha se hayan puesto en contacto con los inquilinos del número 44-b de la calle del Castillo, local de Julia López Ruiz de Arteaga, donde estuviera la tienda de caballeros "Flor del Líbano".
Negociaciones.- Tal y como ya ha adelantado EL DÍA, la primera noticia de las negociaciones trascendió el martes 25 de abril. Al parecer, el primero en recibir la oferta fue el abogado Miguel Cabrera, que se encargó de comunicarla a Eugenio González Pérez. Inicialmente, el objetivo era adquirir los inmuebles expropiados ilegítimamente por un total de 15 millones. De dicha cuantía, 9 serían para De la Barreda (dos menos de lo que pedía); 4,5 para los clientes de Miguel Cabrera, y 1,2 para los inquilinos de "Flor del Líbano". En ese primer contacto, De la Barreda rechazó la oferta, al valorarla insuficiente.
A posteriori existió otro tanteo, por 9.616.193,67 euros, que también descartaron los dueños de dos de las tres casas expropiadas al considerar la cuantía insuficiente. El viernes pasado, uno de los dos empresarios implicados en la operación contactó con uno de los hermanos para comunicarle su última oferta: 10,21 millones. Tras la respuesta favorable, sólo era cuestión de cuadrar la agenda para quedar a firmar previa consulta de los documentos. Incluso se llegó a plantear el cierre de la venta en la mañana del sábado, pero el viaje de trabajo de Guillermo de la Barreda lo impidió. Tras su retorno ayer se retomaron los contactos. Fuentes consultadas aseguran que el letrado de uno de los dueños informó el viernes pasado de la posible venta a Javier González Ortiz, uno de los cuatro miembros de la comisión-mixta designada por el Gobierno y el Parlamento para alcanzar un acuerdo.
Sin noticias de la comisión mixta.- El jueves 27 de abril, el Gobierno y el Ejecutivo acuerdan constituir una comisión mixta para negociar con los expropiados. El nombre de sus componentes se decidió el jueves 5 de mayo: los vicepresidentes de la Cámara, Alfredo Belda y José Alcaraz; el consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, y su viceconsejero y mediador del caso Javier González Ortiz. Hoy, aprovechando que hay sesión parlamentaria, podrían celebrar una reunión para fijar su estrategia.
Pregunta de González Arroyo.- En el pleno que comenzará este mediodía, el diputado por el PP Domingo González Arroyo realizará la segunda pregunta que ha elevado desde que comenzó el mandato. Está dirigida al consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, a quien preguntará qué opinión tiene sobre la situación de expropiación de esta sede parlamentaria". Se da la circunstancia de que, además de consejero de Presidencia y Justicia en la actualidad, Ruano está considerado como el "padre" de la Ley inconstitucional cuando la redactó en su condición de letrado de la Cámara.
Desestiman el incidente de nulidad
El TSJC comunicó ayer que ha desestimado el incidente de nulidad presentado por Miguel Cabrera, letrado de los propietarios del 46 de la calle del Castillo, una de las tres casas expropiadas ilegalmente en 1992 (en la foto, Hassan Mohamed Moujir y uno de sus hijos). El recurso fue interpuesto después de que el TSJC los reconociera como parte con derecho a pedir la restitución de su inmueble y luego cambiara de parecer, admitiendo el recurso del Gobierno. Desde entonces, Cabrera ha pleiteado primero con un recurso de súplica, que le fue desestimado; luego solicitó la aclaración de la resolución, el TSJC se la negó y, finalmente, pidió la nulidad del procedimiento desde que se le reconociera su derecho a pedir la ejecución de la restitución, que se acaba de desestimar. Cabrera explicó que, con independencia de presentar un recurso de amparo contra el incidente de nulidad ante el Tribunal Constitucional, ya ha iniciado un nuevo procedimiento por lo contencioso-administrativo que podría estar resuelto en dos o tres meses. El pronunciamiento jurídico es claro, según Cabrera: "Somos parte y tenemos derecho a la restitución, pero tenemos que iniciar un nuevo procedimiento que se resolverá en breve".
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