HUMBERTO GONAR, Tenerife
El Gobierno de Canarias ha cambiado de estrategia en la negociación entablada para resolver la situación de ocupación ilegal en la que se encuentra el Parlamento autonómico tras la expropiación inconstitucional de tres inmuebles, hace ya catorce años, para ampliar su sede. Desde el pasado 11 de octubre, cuando se celebró el primer contacto tras la expropiación entre la administración y los legítimos propietarios de los edificios, el Ejecutivo siempre había defendido la posibilidad de adquirir dichos inmuebles, después de que el Tribunal Constitucional (TC) primero y luego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anularan y posteriormente desestimaran el decreto que ordenaba la urgente ocupación de los bienes expropiados.
Según informaron ayer fuentes de la familia De la Barreda, propietaria de dos de los tres inmuebles expropiados de forma inconstitucional por una "ley a la medida", según la sentencia del TC, Javier González Ortiz, interlocutor designado por el Ejecutivo autónomo para lograr un acuerdo extrajudicial en el "caso Parlamento", les transmitió antes de Semana Santa que el Ejecutivo había cambiado de parecer y, en vez de adquirir los inmuebles expropiados, ahora se plantea alquilarlos, aunque no de forma indefinida.
Las mismas fuentes desvelaron que González Ortiz explicó que el Gobierno se plantea alquilar la parte de la sede ocupada, en la confluencia de la calle del Castillo con Teobaldo Power, hasta que construya un nuevo Parlamento en Cabo-Llanos, zona de expansión de la ciudad en la que, según el interlocutor del Ejecutivo, el Gobierno cuenta con una parcela.
El cambio de estrategia, que pasa ahora por alquilar y no comprar la actual sede parlamentaria, obedece a que al Gobierno no le salen los números y estima que le es más rentable alquilar los inmuebles donde se encuentra y edificar una nueva sede antes que abonar los casi 18 millones de euros que le costaría satisfacer el precio fijado por los propietarios.
Como ya informó EL DÍA, la familia De la Barreda fijó en poco más de once millones de euros el precio de sus inmuebles ubicados en el número 44 de la calle del Castillo, así como el 5 de Teobaldo Power, mientras que los dueños del 46 de la calle del Castillo estarían dispuestos a vender su casa por 5,5 millones de euros, a los que habría que sumar una cantidad para los inquilinos de la Flor del Líbano, que estuvieron de alquiler en el local 44-B de la familia De la Barreda. Este cálculo permite redondear en unos 18 millones la cantidad que debería destinar el Gobierno para zanjar el conflicto por la expropiación ilegal.
Por su parte, la familia De la Barreda, que no ha querido entrar a valorar la posibilidad de que este nuevo planteamiento sea más un "farol" que un cambio de estrategia real del Gobierno, descarta de forma tajante alquilar sus legítimas propiedades, con lo que el Ejecutivo se vería obligado a comprar ya o a desalojar. Tanto el Gobierno como los dueños esperan que el TSJC se pronuncie en los próximos días sobre el recurso de Súplica de la administración autonómica que pide que se descarte la restitución de los inmuebles por imposibilidad material. En el caso de que el TSJC considere que procede la devolución de los inmuebles, la Cámara tendría que abandonar en dos meses la sede si no llega a un acuerdo con los legítimos dueños, con independencia de que acuda al Tribunal Supremo con un recurso de Casación.
En el supuesto de que se imponga la restitución, los legítimos propietarios incluso podrían exigir que la devolución se lleve a estricto efecto según consta en la sentencia; o sea, en el estado original el día en que se expropiaron los inmuebles. Esta exigencia pasaría por la demolición de las oficinas de los grupos parlamentarios que se construyeron como ampliación de la Cámara.
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