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Venezuela niega que Total y ENI abandonen su actividad en el país

El embajador venezolano en España, Arévalo Méndez, negó ayer que las petroleras gala e italiana hayan anunciado dejar el país por la rescisión de sus contratos y aseguró que continuarán sus operaciones en la faja del Orinoco.
5/abr/06 20:45
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EFE, Madrid/Roma

El embajador de Venezuela en España, Arévalo Méndez Romero, negó ayer que las compañías petroleras ENI y Total hayan anunciado su intención de abandonar el país por la rescisión de sus contratos de servicio y aseguró que las dos petroleras continuarán sus operaciones en la faja del Orinoco.

En un encuentro con los medios de comunicación, Méndez señaló que el presidente venezolano, Hugo Chávez, "no expulsa" a nadie y que su actuación se limita a cumplir "con el mandato constitucional de recuperar la soberanía petrolera", al tiempo que confió en que las empresas sigan en el país.

La firma francesa Total y la italiana ENI han dejado de operar los campos venezolanos que explotaban en virtud de los contratos firmados la década pasada correspondientes a la llamada apertura petrolera, al negarse a asociarse en nuevas sociedades con mayoría de la estatal Pdvsa (empresas mixtas) para seguir con estas actividades.

El embajador argumentó que Total, además de los contratos que han vencido ahora, tiene una participación del 47% en el proyecto Sincor, en el que también están presentes Pdvsa y la noruega Statoil y que tiene como objetivo la transformación de crudo ultrapesado en sintético en la faja petrolífera del Orinoco,

En el caso de ENI, la italiana participa en tres áreas exploratorias en las parcelas este y oeste del Golfo de Paria (este de Venezuela). En la primera, ENI, con el 30%, está asociada con Conoco Philips y las venezolanas Ineparia y Opic, mientras que en la del oeste forma parte de un consorcio, en el que tiene el 26%, junto al 32% de Conoco Philips, Pdvsa (35%) y Opic (6,5%).

Las explotaciones que ha dejado Total corresponden al campo Jusepin, con una producción de 33.000 barriles diarios, y las de ENI al campo Dación, del que se extraen 50.000 barriles diarios. La producción total afectada por los contratos expirados asciende a 600.000 barriles diarios de crudo.

Respecto a las posibles acciones que pueda emprender ENI para defender sus intereses en Venezuela, Méndez señaló que si la compañía decide acudir a los tribunales el Gobierno venezolano "le hará frente", aunque concedió poco futuro a una demanda judicial porque la mayoría de las empresas ha decidido pasar al sistema de sociedades compartidas con Pdvsa.

Las empresas mixtas, derivadas de la Ley de Hidrocarburos del 2001 y aprobadas el 30 de marzo por el Parlamento, sustituyeron a los convenios operativos firmados por 22 multinacionales en los años ochenta y noventa.

En el nuevo esquema, Pdvsa tiene al menos el 60% de las acciones de la empresa mixta, lo que permitirá a la industria ahorrar unos 3.000 millones de dólares al año, según explicó el ministro de Energía y presidente de la estatal, Rafael Ramírez.

Voluntad italiana

Por su parte, la petrolera italiana ENI ha expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo con Pdvsa para obtener un resarcimiento por "la violación de sus derechos contractuales" en ese país, donde dejará de operar tras rechazar el nuevo esquema venezolano de explo- tación de crudo.

Un portavoz de ENI rehusó hacer comentarios y se remitió a un comunicado en el que la empresa italiana confirma haber sido informada de que "a partir del 1 de abril el contrato operativo de servicio relativo a las actividades mineras en el campo de Dación ha sido unilateralmente finalizado".

"Por tanto, deben ponerse en marcha todas las acciones para transferir la conducción de las operaciones al personal designado por Pdvsa", agrega el documento.

"ENI -continúa- se adecuará a la petición de Pdvsa y asegurará que las actividades se transfieran de un modo profesional y en un plazo acordado". ENI considera, no obstante, que la acción de Pdvsa es "una violación de sus derechos contractuales" y afirma que tiene intención de dar a Pdvsa "un periodo de tiempo para encontrar un acuerdo dirigido a conseguir el pleno derecho de sus derechos".

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