E.C., S/C de Tenerife
El Parlamento de Canarias ha utilizado el instrumento de las comisiones de investigación en muy pocas ocasiones desde su creación. En 1983 se puso en marcha la primera, y desde entonces hasta este año sólo ha habido otras siete. En estos momentos, y tras los últimos acontecimientos políticos en las Islas, la Cámara se encuentra con la difícil papeleta de tener que afrontar al mismo tiempo tres de estas comisiones, si finalmente a la ya abierta hace unas semanas sobre la tormenta tropical "Delta" se suman las otras dos pedidas esta semana: la que investigará las presuntas irregularidades en la "trama eólica" y la solicitada para analizar la gestión de la Dirección general del Tesoro en la pasada legislatura, el llamado "caso Amorós".
La primera de las comisiones de investigación creadas en la Cámara regional se constituyó el 15 de diciembre de 1983, y tenía como fin investigar "sobre los medios de comunicación del Estado en Canarias". En esa primera legislatura, el 19 de junio de 1985, se aprobó la puesta en marcha de otra comisión para analizar lo ocurrido en el incendio forestal que se vivió en la isla de La Gomera. Medio año más tarde, en enero de 1986, se creaba otra más para investigar sobre el Polígono de Jinámar, en Gran Canaria.
Tras esta primera legislatura de mayor movimiento en este sentido, en la segunda, concretamente en junio de 1988, el Parlamento aprobó constituir otra nueva comisión de investigación, esta vez "sobre la situación actual del Polígono de Jinámar", un asunto que parece haber dado especialmente de sí a los políticos canarios. En noviembre de 1989 se acordó crear otra investigación "sobre la solicitud de préstamos a las cajas de ahorros de la región por políticos del CDS, miembros del Gobierno de Canarias, miembros del Parlamento de Canarias y altos cargos públicos de la Comunidad Autónoma".
Ya en la década de los 90, en la tercera legislatura, se creó otra investigación "sobre el alcance y gravedad de las irregularidades de las aeronaves C-235 Nurtanio que operan en el transporte interinsular, denunciadas en un informe interno de la compañía Binter".
En la cuarta legislatura hubo otra comisión, ya cerca de las elecciones, "sobre el dossier de unas posibles irregularidades en la gestión del Gobierno de Canarias", en la que se investigó a la Consejería de Industria y concluyó que había "irregularidades administrativas" en relación al parque eólico de Fuencaliente y también "falta de prudencia política" sobre la concesión del suministro de gas canalizado, aunque no en otros expedientes relativos a la apertura de dos centros comerciales.
Antes de que se abriera este pasado mes de enero la comisión de investigación "Delta" sólo hubo otra más, aunque se trata de una de las más llamativas y que tuvo más repercusión en todo este tiempo: la creada para investigar el "caso Tindaya", que se creó en mayo del año 2000. En este caso, la comisión encontró importantes irregularidades, pero luego el dictamen elaborado fue derrotado en el pleno al producirse una fuga de votos en las filas del PP.
Como en el Parlamento canario, también en el Congreso de los Diputados se han desarrollado pocas comisiones de este tipo, aunque han sido muchas más las pedidas y no aceptadas. En concreto, en este ámbito ha habido también ocho desde 1989, en la cuarta legislatura. Al parecer, antes de ese momento no existía este órgano en la Cámara Baja.
En cuanto a la situación que ahora se crea en Canarias, después de que entre el lunes y el martes se registraran en el Parlamento cuatro peticiones de creación de comisión de investigación -tres para el "caso eólico" y una del PP para el "caso Amorós"-, queda ahora por definir si finalmente se sigue adelante con estas iniciativas, mientras en el aire flota un ambiente de tensión política pocas veces vista a tanta distancia aún para las elecciones de 2007.
parlamento
Las que pudieron ser y no fueron
El Parlamento canario afronta en este momento su novena comisión de investigación en torno a la tormenta tropical "Delta", que se puso en marcha hace sólo unas semanas. Las ocho anteriores se han desarrollado entre 1983 y el año 2000, pero en todo este tiempo han sido muchas más las que se han pedido por parte de los grupos políticos, pero no han salido adelante al no contar con los apoyos necesarios. En total, entre la cuarta, la quinta y la sexta legislaturas se han solicitado 13 iniciativas de este tipo, incluidas las cuatro últimas que han entrado esta semana en el registro de la Cámara. El "caso Icfem", que durante tanto tiempo estuvo coleando en la política Canaria, fue uno de los que se pidió investigar por parte del PSOE en el año 2000. La comisión, sin embargo, nunca llegó a constituirse. Los socialistas volvieron a la carga con este asunto en 2001, y de nuevo se encontraron con las puertas cerradas. Sobre el "caso Tindaya" hubo dos peticiones en la Cámara: una del PSOE, que fue aprobada, y otra que pidieron los entonces socios de Gobierno, CC y PP, pocos días más tarde, y que en 2003 se declaró caducada. Otro de los escándalos que se vivió en la política canaria durante 2001 fue el del "caso Jinámar", asunto que el propio Gobierno abrió poniendo una denuncia en los tribunales, pero que se descartó investigar en la Cámara, pese a que así lo pidió con insistencia el PSOE. La situación de los centros de menores ha sido, por último, otra de las cuestiones que ha provocado la solicitud de creación de comisión de investigación, y además en dos ocasiones. En primer lugar se presentó una petición en este sentido en 2002, algo que fue rechazado en pleno en enero de 2003. Ya en esta última legislatura, el 19 de noviembre de 2004, el PSOE insistía en pedir una comisión de investigación para esta materia, aunque de nuevo volvió a fracasar. A cambio, CC y PP aceptaron crear una comisión de estudio para abordar este asunto, órgano que todavía no ha concluido sus trabajos.
© Editorial Leoncio Rodríguez, S.A. |Aviso legal | Mapa del sitio | Publicación digital controlada por OJD
