AGENCIAS, Madrid/Barcelona
La sanción impuesta al jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército por el ministro de Defensa recibió ayer el aplauso del conjunto de las fuerzas políticas, con una sola excepción: la del Partido Popular. Su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga responsabilizó de la actuación del mando militar al propio José Bono y afirmó que deberá rendir cuentas en el Congreso de los diputados porque de él depende el buen gobierno de las Fuerzas Armadas y avaló el cargo a José Mena Aguado.
Esta interpretación recibió las críticas de buena parte del arco parlamentario y especialmente del PSOE, que acusó al dirigente popular de haber tratado en un primer momento de justificar las palabras del teniente general.
El viernes, tras conocer lo ocurrido, Elorriaga dijo que la intervención de Mena durante la Pascua Militar era "inevitable" y que refleja la "situación que estamos viviendo" como consecuencia del debate del Estatuto catalán; una situación creada, dijo, por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Explicaciones en las Cortes
A pesar de que ayer reprobó la actuación de Mena al dejar claro que "la función de las Fuerzas Armadas no es pronunciarse sobre proyectos que están siendo debatidos en las Cortes", el secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, le advirtió de que su primera reacción "pasará a la historia por desafortunada" . Además, aseguró que su formación está "encantada" de que se pueda discutir en el Parlamento sobre la actuación de José Bono.
También el secretario general de CiU , Josep Antoni Duran Lleida, recriminó al principal partido de la oposición su respuesta a la actuación del mando militar, que apeló a la intervención del Ejército si el Estatut rebasa la Constitución.
El dirigente nacionalista interpretó como una justificación las palabras de Elorriaga y reclamó al presidente del PP que lo desautorice. Duran consideró proporcionada la sanción impuesta por Bono y reiteró su confianza en que Mena actuó a título personal.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que la sanción al general es "justa, equilibrada y proporcionada".
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, dijo que "son los poderes públicos y no un mando militar, quienes deben decidir si la Constitución está en peligro".
"Y no es extraño, pero sí lo más preocupante -precisó-, que el segundo mayor partido político de España "entienda" la actitud del mando militar arrestado. No en vano sus dirigentes predicaron la abstención en el referéndum de la Constitución Española. ¿Qué crédito merece ahora su invocación de la Constitución contra el Estatut?".
Desde el PNV, el presidente de su partido, Josu Jon Imaz, apoyó el cese del mando militar y manifestó su "desprecio y rechazo a quienes defienden la unidad de su patria con pistolas o tanques".
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