E.C., S/C de Tenerife
A punto de acabarse el IV Plan de Vivienda de Canarias que ha estado vigente desde 2002, la ejecución del programa dirigido al acceso de vivienda para la población con menos recursos del Archipiélago, que es el de promoción pública para alquiler que realiza la Comunidad autónoma, muestra un grado de ejecución real muy bajo, ya que de las 1.000 actuaciones previstas, 250 cada año, el pasado mes de julio sólo estaban en construcción 43 casas, mientras que otras 400 estaban pendientes de licitar. El resto, está aún en fases más retrasadas de ejecución, pendientes de la redacción del proyecto de obra o de su aprobación.
No hay aún, por tanto, ninguna casa entregada, según los datos facilitados por el departamento de Vivienda al PSOE y, de hecho, según asegura el diputado socialista José Alcaraz, todavía están pendientes de terminar y entregar a sus adjudicatarios viviendas del III Plan.
En concreto, en julio sólo había en ejecución una obra con 20 viviendas en Arafo, y dos en el municipio grancanario de Agüimes, con 23 casas. Había también 97 viviendas pendientes de licitación de obra en La Laguna, Santa Úrsula, Los Realejos y La Matanza, y 292 en Gran Canaria. El resto de actuaciones, hasta las 909 ya calificadas entre 2003 y 2005, están mucho más retrasadas. En el caso de Tenerife, había 29 viviendas pendientes de aprobar el proyecto y 263 de redactarlo, casi como 73 en trámite de licitación del proyecto.
Las únicas promociones ya iniciadas corresponden a la anualidad de 2003, mientras que las de 2004 están todas pendientes de proyecto, igual que las aprobadas hasta el mes de julio de este año.
Este programa de promoción pública en alquiler es financiado por la Comunidad autónoma, y se complementa con otro que se incluye en el convenio con el Estado y que se denomina de régimen especial en alquiler. En este caso, según los datos proporcionados en noviembre, de las 1.600 viviendas previstas inicialmente había calificadas provisionalmente cerca de 1.300, mientras que la financiación sólo estaba aprobada para 600. El grado de ejecución de las mismas no se especificó.
Estos datos ponen de manifiesto, según José Alcaraz, que "en la vivienda dirigida a las personas con menos recursos es donde está el mayor fallo y el mayor grado de estrangulamiento de este Plan", por lo que pidió una "implicación más seria" del Gobierno en ejecutar los programas para las personas con más necesidades. El diputado socialista apuntó también, sobre la habitual justificación por la falta de terreno para construir, que "suelo urbanizado hay, lo que ha existido aquí es un incumplimiento y falta de voluntad de todas las administraciones. En este sentido, apuntó que el Ejecutivo no puede seguir escudándose en este argumento, sino buscar acuerdos con las instituciones para que cedan suelo y en caso de que lo incumplan, denunciarlo.
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